Transgresión a la división de poderes solo traerá inestabilidad al país

Editorial La Revista Peninsular

El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió una suspensión provisional en contra de la reforma energética propuesta por el actual gobierno federal un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para que esto sucediese, un ciudadano o grupo de ciudadanos debió promover un amparo por considerar que el contenido de la reforma violentaba sus derechos humanos. El presidente se disgustó por la decisión de Gómez Fierro y solicitó al Consejo de la Judicatura Federal que investigara la actuación de dicho juzgador, lo cual se consideró una amenaza a la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

Con motivo del amparo promovido por una empresa privada del sector energético, el juez Juan Pablo Gómez Fierro ordenó la suspensión temporal de la reforma energética impulsada por el ejecutivo. El contenido de la reforma había sido ampliamente criticado con anterioridad pues violentaba el principio constitucional de libre competencia y ponía en riesgo el desarrollo de energías limpias en el país.

La actuación del juzgador disgustó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo acusó de ser un subordinado de las empresas particulares y dijo que pediría una investigación en su contra. Al día siguiente envió una carta a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en la cual pedía que se revisara si Gómez Fierro estaba facultado para conceder la suspensión, además de solicitar que se le investigara por presunta corrupción en su actuar.

El ministro presidente Arturo Zaldívar respondió de manera tajante a Andrés Manuel López Obrador que su instituto revisaría si procede investigar al juzgador, y también recordó los principios de autonomía e independencia sobre los cuales se sostiene el poder judicial.

La solicitud del presidente fue interpretada como un atentado sin sustento contra la división de poderes. El único argumento “sólido” presentado por el mandatario hasta el momento es que Juan Pablo Gómez Fierro actuó con rapidez al conceder la suspensión. Si bien, López Obrador reconoce que impartir justicia de manera expedita es lo adecuado, se dijo inconforme que esto haya sucedido en contra de su reforma pues normalmente estos procesos son más tardados. Puesto en otros términos, el presidente argumenta que se debe investigar al juez Gómez Fierro por actuar en tiempo y forma.

Se puede identificar otra inconsistencia en lo dicho por el presidente Andrés Manuel al analizar el concepto de suspensión provisional. A diferencia de la suspensión definitiva, la provisional se concede para salvaguardar el derecho que señala el quejoso en tanto se decide si la norma o acto de la autoridad en cuestión es violatoria de Derechos Humanos. Así pues, Juan Pablo Gómez Fierro no canceló la reforma energética, sino que suspendió sus efectos en tanto definía si era contraria a la Constitución.

En el mismo sentido, existen vías legales a las cuales pudo acudir el Gobierno Federal mediante su Consejería Jurídica para hacer ver inconsistencias en la actuación del juez; sin embargo, el presidente optó por politizar este tema en sus conferencias matutinas, lo cual podría significar la falta de pruebas contundentes en contra de Gómez Fierro.

Por su parte, el juez Gómez Fierro no se ha dejado intimidar por López Obrador y continúa otorgando suspensiones en el mismo sentido a otros ciudadanos que promueven juicios de amparo contra la reforma. Aún más, el titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza López Figueroa, igual comenzó a otorgar suspensiones a quejosos quienes se amparaban por el mismo tema. Para este miércoles se estimaba que ya habían concedido 27 suspensiones ambos juzgadores.

Ante el nulo sometimiento de los juzgadores, Andrés Manuel López Obrador afirmó que no dejaría de interponer quejas contra jueces presuntamente corruptos pues no debían existir intocables en el poder judicial. Lo que no está claro es si hizo esta declaración para abrir explícitamente su frente de agresión a cualquier juez que pretenda obstaculizar su gobierno o para minimizar el error cometido al antagonizar exclusivamente a un juez, como lo hizo con Gómez Fierro.

Las suspensiones provisionales dispuestas en contra de la reforma energética del presidente Andrés Manuel han generado descontento en el ejecutivo. El juez Juan Pablo Gómez Fierro ha sido blanco de intimidaciones lanzadas desde la tribuna de Palacio Nacional, pero no ha sucumbido y continúa su labor judicial. Ante la falta de pruebas presentadas, surge la duda sobre qué espera López Obrador de este desencuentro. Ya sean para salir de un delicado conflicto creado por un espasmo de frustración o para conseguir apoyo respecto a alguna reforma al poder judicial, los ataques del presidente contra el juzgador transgreden la división de poderes contempladas en la Carta Magna, lo cual únicamente puede traer inestabilidad a México.