“Una nueva reelección de Ortega amenaza con perpetuar la crisis de derechos humanos en Nicaragua”

La ONG internacional hizo una contundente advertencia sobre los riesgos que suponen un cuarto mandato del dictador y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua

Amnistía Internacional difundió un informe en el que rechaza el proceso electoral llevado a cabo en Nicaragua el pasado domingo, afirmando que estuvo plagado no solo de irregularidades sino de flagrantes violaciones a los Derechos Humanos. El lunes, el Consejo Supremo Electoral confirmó los resultados provisionales de la jornada del fin de semana, haciendo oficial el resultado y confirmando el cuarto mandato de Ortega en el poder, que comenzará en enero de 2022.

La violación de derechos democráticos más significativa tiene que ver con el encarcelamiento de los rivales en las elecciones, a los que no solo se los detuvo y mantuvo en reclusión sino que tampoco se les permitió participar de los comicios. Así, sin ningún tipo de oposición real, Ortega logró cosechar el 75% de los votos del 65% de los habilitados que se presentaron a votar.

“Desde el 28 de mayo, el gobierno de Ortega detuvo a 39 personas identificadas como opositoras, entre ellas, siete potenciales rivales en las elecciones presidenciales que finalmente tuvieron lugar sin su participación. No solo eso, algunos de estas personas detenidas fueron víctimas de desapariciones forzadas por semanas, incluso meses”, denuncia el comunicado de AI.

El aspecto poco democrático del proceso electoral ha generado el rechazo de gran parte de la comunidad internacional -los únicos países que avalaron los resultados fueron Rusia, Cuba, Irán, Venezuela y Bolivia-, y desde Amnistía Internacional piden a los países que se pronunciaron que hagan lo que está en su poder para “respaldar a las y los referentes nicaragüenses que siguen luchando por sus derechos humanos y asumir colectivamente la corresponsabilidad de protefer los derechos humanos en el país de cara a la sesión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se celebrará esta semana en Washington, entre el miércoles 10 y el viernes 12 de noviembre, para poner fin a las estructuras de represión e impunidad en Nicaragua”.

La reelección de Ortega significa, para Amnistía Internacional, la continuación de la represión y de la impunidad en un país donde las violaciones a los Derechos Humanos se volvieron cada vez más comunes bajo el gobierno del líder sandinista. La cotidianidad del ambiente público y político está plagada, en particular desde 2018, de detenciones arbitrarias de activistas y periodistas, actos de hostigamiento, coacción y violencia política contra opositores y serios obstáculos a la libertad de prensa que incluyen restricciones a los medios de comunicación tanto locales como extranjeros.

En señal de protesta y de no convalecencia con las trabas democráticas impuestas por el gobierno de Ortega de cara a las elecciones -denuevo, siendo la principal la detención de los 7 principales potenciales candidatos- organizaciones sociales y movimientos de la sociedad civil nicaragüenses hicieron un llamado a un paro electoral ciudadano con la intención de que la participación sea la menor posible. Los efectos de este no se conocen en su totalidad ya que la información oficial con respecto a la participación electoral difiere de la que arrojan los medios de comunicación.

El informe de AI toma una información de la ONG Urnas Abiertas, que funciona como un observatorio ciudadano electoral, que “registró más de 200 hechos de violencia política y actos de coacción electoral durante la jornada de los comicios, incluyendo la presencia de fuerzas parapoliciales en las cercanías de los centros de votación, así como intimidación y coacción hacia trabajadores del Estado para forzar su voto”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también difundió información de este estilo que registró situaciones similares.

Uno de los principales apuntados como garante del poder desmedido de Ortega es el poder judicial, a tal punto que este se ha convertido en “un brazo auxiliar de la represión” ejercida por el presidente, según AI. Se denuncia que el sistema judicial permanece adicto al poder y prioriza su rol político por sobre su rol de garante de la constitucionalidad y la división de poderes. “Más allá de violar por completo el principio elemental de presunción de inocencia, esta subordinación de un poder que debiera funcionar de manera autónoma, como contrapeso en un sistema republicano, termina por dejar expuestos y sin protección a quienes se sienten amenazados o sufren, en carne propia, el hostigamiento del gobierno o de sus actores aliados”, agrega el informe.

Otras reconocidas organizaciones por los Derechos Humanos también se expresaron en contra del proceso electoral nicaragüense y remarcaron las violaciones a los derechos democráticos de los ciudadanos. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de América de Human Rights Watch, publicó en su cuenta de Twitter que “Las elecciones de hoy en Nicaragua son una farsa. Desde fines de mayo, el régimen ha detenido y procesado arbitrariamente a 39 críticos del gobierno, la mayoría de ellos por “traición a la patria”, incluidos 7 candidatos presidenciales. Las elecciones se realizan sin observadores internacionales y el régimen no ha permitido que ingresen periodistas internacionales al país. Ortega ejerce el control de todos los poderes, incluyendo la Asamblea Nacional, los tribunales y el Consejo Supremo Electoral. Las instituciones del estado son utilizadas para reprimir y castigar a cualquiera que sea percibido como crítico y garantizar la impunidad de Ortega”.

Por su parte, Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, declaró que “El gobierno de Nicaragua ha tratado de eliminar y desestimular a la competencia electoral a través de la detención arbitraria, la desaparición forzada y el enjuiciamiento de opositores y aspirantes a la presidencia, así como la imposición de obstáculos a la candidatura de los principales partidos de oposición. También ha acosado y hostigado a la prensa y violado los derechos políticos, todo esto con la colaboración de los poderes legislativo y judicial. La política de silenciamiento va más allá de los actores electorales. Solo entre julio y agosto, se ordenó el cierre de 45 ONGs que se suman a otras 10 que fueron cerradas desde 2018”.