Urgente debate a la altura de las circunstancias

Editorial La Revista Peninsular

En la última semana, nuestras cámaras legislativas han debatido dos iniciativas de gran importancia para la estrategia nacional de seguridad. Primero se discutió y aprobó la iniciativa presentada por presidencia que tenía como objetivo incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). La segunda, que ya se aprobó en San Lázaro y aún está por discutirse en el Senado, fue propuesta por una diputada priista y busca aumentar el tiempo dispuesto para que las Fuerzas Armadas puedan desempeñar labores de seguridad civil.

La primera iniciativa fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador con el fin de cederle el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la SEDENA. Esta iniciativa generó controversia pues representa un paso más hacia la militarización de la seguridad pública cuando el presidente, antes de llegar al poder, había prometido desmilitarizar al país.

De igual manera, la iniciativa presidencial fue criticada por ir en contra de la Constitución. Debido a que Morena y sus aliados ya no cuentan con mayoría suficiente para modificar la Carta Magna, la iniciativa propuesta por Palacio Nacional se limitaba a reformar cuatro leyes. Esto significó un abuso del Ejecutivo pues el texto constitucional establece que la Guardia Nacional tiene que estar sujeta a un mando civil. Incorporar la Guardia Nacional a la SEDENA sin modificar la Constitución significa atentar en contra el orden constitucional pues todas las leyes deben ser congruentes con ella.

De hecho, éste fue uno de los principales motivos por el cual el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se abstuvo en la votación de la iniciativa.

La segunda iniciativa no fue menos controversial. Propuesta por la diputada priista Yolanda de la Torre y respaldada por Alejandro Moreno y Rubén Moreira, esta iniciativa tiene la intención de prolongar el tiempo dispuesto para que los militares puedan desempeñar labores en las calles del país; se contempla retirarlos de estas tareas en el 2024, pero, si se aprueba la incitativa, se haría hasta el 2028.

El debate que pudo existir en torno a esta iniciativa se vio manchado debido a que, el mismo día que fue presentada, la gobernadora Layda Sansores anunció que detendría las hostilidades en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en su programa “Los Martes del Jaguar”. Por lo anterior, más de uno se quedó con la idea de que “Alito” Moreno nuevamente utilizó al Revolucionario Institucional para obtener beneficios personales. En este caso, relativos a impunidad en su favor y a la suspensión de la persecución política dispuesta en su contra por el gobierno campechano.

Las reacciones a esta segunda iniciativa no se hicieron esperar. El PAN y el PRD suspendieron temporalmente la alianza “Va por México” (PAN, PRI, PRD) y amagaron con terminarla de forma definitiva si el PRI no reconsideraba su postura. Por su parte, la bancada priista en el Senado se posicionó en contra de la iniciativa y dispuso votarla en contra por significar un acto de militarización.

Esta iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados con el voto de la mayoría de los diputados del PRI, Morena, el PVEM y el PT. Ahora le tocará al Senado discutirla y parece que en esta cámara no se conseguirán los votos suficientes pues no cuenta con el apoyo de los senadores priistas. Dado que se pretenden modificar preceptos constitucionales, se requiere de una mayoría calificada que no tienen Morena y sus aliados.

Por otro lado, hay que esperar la respuesta del PAN y el PRD pues, según advirtieron en estos días, que la bancada priista votara a favor de la iniciativa en San Lázaro era suficiente motivo para terminar definitivamente con la alianza “Va por México”.

Las 2 iniciativas que se han discutido en nuestras cámaras legislativas durante la última semana proponen cambios trascendentales a la estrategia de seguridad. Es cierto que militarizar este tema representa grandes riesgos para la población, especialmente en materia de Derechos Humanos, pero también es cierto que la crisis de inseguridad que atraviesa el país hace que haya espacio para su consideración. Esperemos que la discusión del  tema se dé en un marco de legalidad y esté lejos de intereses particulares ya que su importancia amerita la mayor seriedad posible.