Vecinos de Gran Calzada llevan a la SCJN su batalla contra la estación del gasoducto Mayakán
La planta de Engie opera a menos de 300 metros de viviendas; promesas de reubicación para 33 familias quedaron sin formalizar
Habitantes del fraccionamiento Gran Calzada, en el municipio de Umán, recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para detener de manera definitiva la operación de la estación de compresión del gasoducto Energía Mayakán, operado por la empresa francesa Engie.
El recurso ante el máximo tribunal del país llega después de que juzgados de distrito y tribunales colegiados locales revocaran las suspensiones que frenaban el proyecto, al calificar el suministro de gas natural a plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como obra estratégica de interés público. Los colonos buscan ahora que la SCJN siente un precedente vinculante sobre la incompatibilidad de infraestructura de hidrocarburos de alto riesgo con desarrollos habitacionales.
La estación se edificó a una distancia de entre 50 y 300 metros de las viviendas. Durante las fases de prueba, los residentes reportaron vibraciones, estruendos, olores persistentes y afectaciones a la salud de menores de edad, circunstancias que detonaron la alarma vecinal y dieron origen a las primeras acciones legales.
A las denuncias por riesgo civil se suma una acusación contra la desarrolladora Grupo Casitas: los afectados sostienen que la empresa ocultó la existencia de la obra durante la venta de los inmuebles y aseguró que los terrenos colindantes se destinarían a bodegas comerciales. Revisiones del Ayuntamiento de Umán y de la organización Yucatán con Energía Segura detectaron irregularidades en las licencias de uso de suelo.
El conflicto escaló a la Corte luego de que no se materializaran los compromisos de mitigación planteados por el Gobierno estatal y Engie. El esquema acordado contemplaba liquidar los créditos hipotecarios de 33 casas colindantes y entregar 100 mil pesos por familia para sufragar la mudanza; sin embargo, los vecinos denuncian que ninguno de esos acuerdos quedó formalizado, lo que los deja expuestos tanto al riesgo de la infraestructura como a la pérdida de su patrimonio. La resolución de la SCJN determinará si la operación de la planta continúa o si el Estado debe asumir las obligaciones de reubicación pendientes.