Violencia política en Yucatán: TEEY sanciona a cinco funcionarios de Espita y Kinchil
El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) determinó la responsabilidad de cinco autoridades municipales de Espita y Kinchil por actos de violencia política que obstaculizaron el desempeño de dos funcionarias electas. Entre las irregularidades acreditadas se encuentran restricciones al acceso a información financiera, impedimentos para ejercer labores de fiscalización y prácticas que limitaron la participación en sesiones de Cabildo.
Las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad durante una sesión del Pleno del Tribunal, en la que se analizaron dos procedimientos relacionados con la vulneración de derechos político-electorales. Los casos involucran a los presidentes municipales de ambas localidades, dos secretarios y una tesorera, quienes incurrieron en conductas que dificultaron el cumplimiento de las responsabilidades de las funcionarias afectadas.
En el municipio de Espita, el Tribunal resolvió el expediente PES-04/2025, iniciado por una integrante del Ayuntamiento cuya identidad permanece protegida. Durante el procedimiento se acreditaron acciones que restringieron sus facultades de supervisión, su participación en las decisiones municipales y la consulta de documentación oficial relacionada con la administración pública.
Los magistrados concluyeron que estas conductas constituyeron violencia política, al representar obstáculos para el ejercicio de un cargo obtenido mediante elección popular. Sin embargo, establecieron que no existían elementos suficientes para demostrar que las acciones estuvieran motivadas por razones de género, por lo que descartaron la configuración de violencia política contra las mujeres en razón de género en ese expediente.
A pesar de esta distinción jurídica, el organismo electoral reconoció las afectaciones a los derechos de la funcionaria y determinó la responsabilidad del presidente municipal, el secretario y la tesorera, además de ordenar medidas para restituir las atribuciones vulneradas.
Por otra parte, en Kinchil, el TEEY analizó el juicio JDC-36/2026, promovido por una regidora que se identifica como mujer indígena maya. En este caso, se acreditó que el presidente y el secretario municipal incurrieron en irregularidades reiteradas que obstaculizaron su participación en las actividades del Ayuntamiento.
Entre las prácticas señaladas destacan las convocatorias a sesiones de Cabildo sin cumplir los requisitos legales, las restricciones injustificadas para consultar las cuentas públicas y la realización de reuniones sin permitir el acceso de la ciudadanía.
De acuerdo con la resolución, estas acciones afectaron las facultades de representación, deliberación y vigilancia de la regidora, al impedirle conocer oportunamente información necesaria para analizar las decisiones administrativas y supervisar el manejo de los recursos públicos.
El Tribunal consideró que las irregularidades no podían interpretarse únicamente como errores administrativos aislados, debido a su carácter reiterado y a las consecuencias que tuvieron sobre el ejercicio de las funciones de la representante municipal.
Como resultado de ambos procedimientos, el TEEY ordenó medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición, con el objetivo de proteger los derechos político-electorales de las funcionarias y evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.
Aunque las resoluciones establecen responsabilidades para las cinco autoridades involucradas, las determinaciones no implican su destitución ni inhabilitación. No obstante, los funcionarios deberán cumplir las medidas ordenadas por el órgano jurisdiccional, conforme a los mecanismos de seguimiento correspondientes.
Los casos de Espita y Kinchil evidencian la importancia de garantizar que quienes integran los ayuntamientos puedan ejercer sus responsabilidades sin restricciones indebidas, particularmente en tareas relacionadas con la transparencia, la fiscalización de recursos públicos y la participación en las decisiones municipales.
Las determinaciones del Tribunal Electoral también ponen de relieve que la violencia política puede manifestarse mediante obstáculos administrativos e institucionales que, aunque no necesariamente estén motivados por razones de género, afectan el funcionamiento de los gobiernos municipales y los derechos de sus representantes.