Yucatán castiga con hasta 10 años de prisión a funcionarios que omitan la entrega-recepción

El Gobierno de Yucatán publicó el martes 3 de noviembre de 2026 en el Diario Oficial del Estado el Decreto 249/2026, que reforma el Código Penal estatal para imponer hasta 10 años de prisión a funcionarios que omitan de forma intencional el proceso de entrega-recepción al dejar su cargo.

La modificación busca proteger el patrimonio de las administraciones entrantes, que con frecuencia enfrentan vacíos de información al no recibir documentos físicos ni archivos digitales sobre programas, presupuestos y bienes públicos. El cambio afecta directamente a servidores públicos salientes de los tres niveles de gobierno en el estado.

Para que se configure el delito deberán cumplirse tres condiciones, según el decreto: que el funcionario tenga la obligación legal de realizar la entrega-recepción, que exista una omisión intencional de su parte y que dicha omisión provoque un daño patrimonial comprobable a la administración entrante.

Las penas se fijaron en tres niveles según el monto afectado. Si el daño no rebasa las 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 586 mil 550 pesos en 2026, la sanción va de tres meses a tres años de prisión, con multas de 500 a mil UMA. Cuando el perjuicio supera las 5 mil UMA sin exceder las 10 mil, es decir, un millón 173 mil 100 pesos, la pena sube de ocho meses a cinco años de cárcel, con multas de 2 mil 500 a 3 mil 500 UMA.

En los casos más graves, cuando el daño patrimonial supera las 10 mil UMA, los responsables podrían recibir condenas de tres a 10 años de prisión y multas de entre 586 mil 550 y 938 mil 480 pesos. La ley precisa que estas penas se aplicarán de forma independiente a las que correspondan si la conducta del funcionario constituye, además, otro delito.

El decreto, aprobado por el Congreso del Estado el 15 de octubre de 2026, también endurece las sanciones contra servidores públicos que abandonen sus funciones sin causa justificada y sin haber presentado renuncia formal, cuando esa conducta afecte el funcionamiento de la administración pública. La reforma forma parte de un paquete más amplio de cambios al Código Penal relacionados con las responsabilidades de los funcionarios y la protección del patrimonio estatal.