Yucatán pagará hasta 2028 más de 2,418 mdp por terrenos en Umán destinados al Tren Maya de carga

El gobierno de Yucatán pactó el pago a plazos, con vencimiento en 2028, de más de dos mil 418 millones de pesos al empresario José Antonio Loret de Mola Gómory por terrenos ubicados en el municipio de Umán, según trascendió el 2 de octubre. De esa superficie, 56.5 hectáreas fueron donadas al Tren Maya de carga, que contempla el ramal Poxilá-Progreso.

La operación compromete el presupuesto estatal durante varios años y abre un debate sobre si los recursos destinados a infraestructura federal debieron atender primero necesidades locales urgentes como salud, agua potable y energía eléctrica. La administración estatal precisa que el costo de las tierras ascendió a 627.2 millones de pesos y el gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo que el recurso proviene del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado.

Gabriel Rodríguez Cedillo, doctor en Gobierno y Administración Pública y profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), advirtió que la transacción genera dudas sobre el precio pagado y sobre su retorno económico para el estado. «El precio real donde están ubicados, su entorno, para qué van a servir esas tierras, si son tierras rentables y en cuánto lo compraron a los dueños originales», enumeró el investigador como los criterios indispensables para evaluar si la cifra es financieramente razonable.

Rodríguez Cedillo señaló que en operaciones de este tipo solo existe un vendedor y un comprador, lo que elimina la competencia de mercado y permite fijar precios sin contrapeso. «El que compró a los ejidatarios hoy es el único vendedor y ante esta situación el único comprador seguro pagó precios bajos por las tierras, pero luego fija un alto precio porque no hay competencia», precisó. El investigador calificó esta dinámica como especulación de tierras ejidales, favorecida por información privilegiada sobre proyectos de alto impacto.

El académico distinguió dos tipos de beneficios derivados de la operación: el financiero, que correspondería al gobierno federal como administrador del ferrocarril, y el económico, que podría quedarse en el estado si el tren detona actividad productiva. No obstante, advirtió que en el trayecto del ramal Poxilá-Progreso «no existe esa infraestructura industrial ni ese dinamismo económico», lo que alarga el horizonte de retorno. Estimó que los primeros resultados, si los hay, no se verían antes de cinco a diez años.

La operación implica además un préstamo de mil 562 millones de pesos cuyo pago recaerá sobre las finanzas públicas estatales. «Con esta operación inmobiliaria están comprometiendo el presupuesto público de los siguientes años», advirtió Rodríguez Cedillo, aunque aclaró que ello no es necesariamente peligroso siempre que el tren de carga genere el dinamismo económico proyectado. Si el ferrocarril no opera con la intensidad esperada, el estado deberá cubrir la deuda sin el respaldo de mayores participaciones fiscales ni ingresos tributarios adicionales.