En Espita, Yucatán, la síndico Beatriz Díaz presentó una denuncia formal en contra del alcalde Mario Isaías Sánchez Esquivel por presunta violencia política en razón de género y por obstrucción de las labores de los regidores.
Según lo que ha trascendido, la funcionaria acusa que el presidente municipal ha venido “atropellando derechos” y que ha obstaculizado el cumplimiento de funciones de los integrantes del Cabildo. Los señalamientos apuntan a que dichas conductas no solo afectan la dinámica política local, sino que también representan una conducta que podría entrar en el marco de violencia política de género.
Entre los supuestos actos denunciados se encuentra el hostigamiento público contra el periodista Israel Cárdenas durante una sesión de Cabildo, según informes difundidos en redes sociales. Asimismo, se reportó que el alcalde impuso un retén en la presidencia municipal para impedir el acceso de otro periodista, lo que ha sido interpretado como una medida de intimidación indirecta.
Desde instancias estatales ya ha habido pronunciamientos. El gobierno estatal condenó la actuación del alcalde, señalando que incurrió en “intimidación y amenazas indirectas”, aunque no existiera una amenaza verbal explícita. Esta respuesta del gobierno resalta la gravedad con que se percibe el caso y pone presión mediática y política sobre la administración municipal.
Por su parte, Mario Isaías Sánchez Esquivel, electo como presidente municipal de Espita tras los comicios de 2024 bajo la bandera del Partido Verde Ecologista de México, se encuentra en medio de fuertes cuestionamientos respecto a su estilo de gobernar. Hasta ahora no se ha hecho pública una versión oficial del alcalde que refute o explique estas acusaciones con detalle, al menos en los medios locales consultados.
La situación en Espita abre preguntas importantes sobre los mecanismos de supervisión política en municipios del interior del estado y la protección que deben tener las autoridades electas para actuar sin presiones indebidas. También pone de relieve la vulnerabilidad de los regidores y funcionarios locales ante comportamientos que pueden transgredir los principios democráticos y de igualdad.
Será crucial que las autoridades correspondientes, tanto estatales como federales, investiguen a fondo las acusaciones presentadas. De no hacerlo, el caso podría escalar a instancias legales especializadas en violencia política de género o derechos humanos, generando consecuencias legales y políticas para el alcalde en turno.
