México dio un paso decisivo en la lucha contra la extorsión. El 25 de noviembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, tras ratificar los cambios introducidos por el Senado de la República. Con ello, el nuevo marco jurídico endurece las sanciones por este delito, imponiendo penas que van de 15 hasta 25 años —y en casos agravados, hasta 42 años de prisión.
La norma homologa el tipo penal en las 32 entidades del país, lo que permitirá perseguir la extorsión bajo un solo criterio nacional, asegura protección a las víctimas e impone obligaciones claras a las autoridades. Entre estas, destaca la creación de unidades especializadas en fiscalías locales y federales, así como la certificación de policías, ministerios públicos y agentes investigadores.
Además, la ley contempla sanciones renovadas para quienes cometan extorsión desde centros penitenciarios —incluyendo el uso de celulares o dispositivos electrónicos—, así como penalidades para funcionarios públicos o personal penitenciario que faciliten estas conductas o no denuncien. En esos casos, la ley prevé prisión de entre seis y 12 años para quienes ingresen dispositivos prohibidos a cárceles, y hasta 42 años en escenarios agravantes.
Según destacan los legisladores, se espera que con este nuevo instrumento jurídico se cierre “todas las rendijas a los extorsionadores” y se reduzca la impunidad. Como expresó uno de los promotores de la reforma: este es un esfuerzo para demostrar que “México no tolerará ese delito en ninguna de sus formas”.
Con la aprobación en ambas cámaras —y una mayoría abrumadora: 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención en la Cámara de Diputados— la ley será enviada para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y después deberá ser aprobada por las legislaturas de los estados para entrar en vigor.
La medida representa un cambio sustancial en la estrategia nacional contra la extorsión —un delito que ha impactado profundamente a diversos sectores de la sociedad. Si bien las penas mayores y la homologación del delito ofrecen un marco más estricto, expertos y legisladores advierten que la efectividad de la norma dependerá de la puesta en marcha real de las instituciones especializadas, así como del compromiso de autoridades locales y federales para investigar y sancionar con rigor.
