El gobierno de México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha lanzado un ambicioso plan nacional para el sector eléctrico que busca fortalecer la soberanía energética, priorizar el bienestar del pueblo, y avanzar hacia una transición energética sustentable. La secretaria de Energía, Luz Elena González, presentó esta nueva estrategia en la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, detallando una serie de ejes que, a lo largo del sexenio, redefinirán la estructura operativa y el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la provisión de energía accesible y confiable para los mexicanos.
Esta nueva estrategia, que forma parte de una Reforma Energética impulsada por Sheinbaum, pretende consolidar el avance logrado en la administración anterior. Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la CFE logró pasar de una producción del 38% de energía en 2018 al 54% en 2024, rescatando parcialmente su papel central en el sector eléctrico mexicano. Ahora, el plan de Sheinbaum busca aumentar esta capacidad de generación y distribución, con una inversión proyectada de 20 mil millones de dólares destinada a 35 proyectos de infraestructura que apoyarán el acceso a energía en hogares y empresas.
El programa, dividido en cuatro ejes principales, se enfoca en asegurar la autonomía energética, fortalecer la participación de la CFE y brindar un acceso justo a la energía en todo el país. Cada eje tiene como objetivo construir un sistema eléctrico robusto que garantice un suministro confiable y a precios accesibles para los mexicanos, impulsando también la participación privada bajo principios de legalidad y apoyo a las comunidades locales.
Eje 1: Fortalecimiento de la planeación del sector eléctrico
El primer eje de esta nueva política energética es la planeación nacional del sector eléctrico, una fase que busca garantizar la soberanía energética del país. Este aspecto del plan pretende colaborar estrechamente con los gobiernos locales para materializar proyectos que beneficien a las comunidades, devolviendo a la energía el carácter de bien esencial en lugar de tratarla como una simple mercancía. González destacó que esta etapa implica una coordinación entre los sectores estatal y federal que permitirá a México avanzar en la construcción de una red energética confiable y asequible.
Eje 2: Justicia Energética
Uno de los principales objetivos del plan es asegurar la justicia energética, promoviendo el acceso universal a la energía sin incrementos de precios que superen la inflación. En este sentido, el gobierno ha prometido no aumentar las tarifas más allá de los niveles inflacionarios y ha establecido como prioridad llevar electricidad a las comunidades más desatendidas del país. Esta visión de justicia energética parte del compromiso de que cada hogar en México debe contar con acceso a electricidad de calidad, especialmente en regiones rurales o de difícil acceso, lo cual es un derecho fundamental, según las palabras de González.
Eje 3: Fortalecimiento de la CFE
El tercer eje del plan está centrado en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, revertiendo los efectos de la reforma energética de 2013. Bajo esa reforma, se permitió una mayor participación de empresas privadas en el sector, disminuyendo el control estatal. Con la nueva estrategia, el gobierno pretende restaurar a la CFE como la empresa central en la generación y distribución de energía en México. Esta fase del plan incluye acciones preventivas para asegurar la operación confiable de la industria energética, tales como el mantenimiento de centrales generadoras, la adquisición oportuna de inventarios, y el fortalecimiento de los procesos de transmisión y distribución. La intención es que la CFE recupere su capacidad y competitividad, posicionándose como el proveedor principal de energía en el país.
Eje 4: Participación de la inversión privada
El plan también contempla un espacio para la inversión privada, con la condición de que esta contribuya al desarrollo local y cumpla con normativas claras y justas. Según González, la participación de capital privado deberá alinearse con los principios de legalidad y deberá promover un impacto positivo en las comunidades locales, especialmente en aquellas donde se desarrollen proyectos energéticos. Esta apertura busca aprovechar el apoyo del sector privado para proyectos estratégicos mientras se garantiza que estos se realicen bajo condiciones que respeten los derechos y necesidades de los propietarios de las tierras y las comunidades cercanas a las áreas de producción energética.
Durante el sexenio anterior, el gobierno logró frenar la privatización progresiva de la CFE, aumentando su capacidad de generación de energía y recuperando parcialmente su control sobre el mercado energético. Ahora, el gobierno de Sheinbaum prevé que este fortalecimiento permitirá a México avanzar hacia una transición energética que asegure la soberanía del país en términos de recursos energéticos. Entre los cambios legislativos necesarios para implementar esta estrategia, se considera una reforma constitucional que modificará los artículos 25, 27 y 28 para proteger la energía como un recurso esencial, restableciendo su control bajo la dirección del Estado mexicano.
La administración de Sheinbaum tiene como objetivo final una transformación profunda del sistema energético mexicano, enfocada en la soberanía y en la accesibilidad de los servicios energéticos. Según Luz Elena González, este cambio estructural requerirá un enfoque de planeación integral que regule de manera equitativa y eficiente los recursos energéticos del país. La recuperación de la capacidad de planeación en el sector es clave para asegurar que los beneficios de la energía sean compartidos entre toda la población, permitiendo un desarrollo regional equilibrado y un acceso más justo y universal a la electricidad.
Con este plan, el gobierno de México busca devolverle a la CFE el control y la competitividad necesarios para garantizar un suministro energético confiable y accesible, mientras se fomenta un entorno donde la inversión privada complemente estos esfuerzos bajo una estructura de responsabilidad social. La transición hacia una justicia energética, la consolidación de la CFE y la recuperación de la soberanía energética se presentan como los pilares de un nuevo modelo que, en palabras de la secretaria de Energía, no solo beneficiará al sector eléctrico, sino que también impulsará el desarrollo económico y social del país.
