¿Cómo termina la partida GIEI-PGR?
Por José Buendía Hegewisch
Al cabo de un año de asistir a la PGR en la investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa concluye la estancia del GIEI, una comisión de expertos ad hoc que el gobierno invitó para colaboración técnica en el caso. Su estancia no fue prorrogada y hoy dan conclusiones envueltas en controversias y descalificaciones políticas, que contrasta con la acogida al llegar y recibir la “verdad histórica” del informe oficial que pretendía cerrar el expediente. ¿Qué pasó?, el desencuentro es de origen porque se confundieron los objetivos. La experiencia deja turbación y desasosiego porque se confundió o se quiso confundir su rol en la crisis de derechos humanos.
Su participación termina con el sabor de las historias que no saben cómo cerrarse. No hay final, no puede haberlo mientras sigan sin resolverse interrogantes del caso, incluso, puede que surjan nuevas líneas de investigación y responsabilidades. Tampoco podían continuar a contrapelo de la voluntad del gobierno, quien cree que “politizaron” su trabajo. Aunque se equivocaría si piensa que su salida de escena allana el camino a su necesidad de dar carpetazo al caso con los mecanismos de épocas anteriores como el olvido.
El mensaje que Peña Nieto recibió en Europa y de Hillary Clinton evidencia que la comunidad internacional no abandonará el caso y que hay continuidad en los procesos internacionales sobre derechos humanos, que no finiquitan por la necesidad de un gobierno de sacudirse un tema que intoxica su imagen. Es decir, el GIEI se va, pero el caso Iguala permanece junto con el problema de desapariciones forzadas y tortura, como confirma el reciente video de una mujer sometida a esa práctica por militares y policías.
El objetivo del gobierno fue inyectar legitimidad a la investigación para hacer creíbles las conclusiones por la crisis de confianza hacia la Justicia. Necesitaba salir del “bache” de Ayotzinapa para superar el pasmo por la irrupción de la crisis de derechos humanos. La finalidad, convencer de la fiabilidad de la “verdad histórica”. La justificación, relanzar las reformas económicas a las que apuesta el sexenio, sin entender que eso no pasa por recibir un trato de excepcionalidad sobre los derechos humanos. Así lo demuestra la alineación de incentivos de la CIDH, del qué y para qué, involucrarse en la investigación.
Los organismos de derechos humanos advierten desde hace años de graves violaciones. La intervención en el caso Iguala sería la cuña para abrir la “caja de Pandora” de esa crisis que sucesivos gobiernos se niegan a reconocer. Su objetivo, agotar la búsqueda de los desaparecidos sin detenerse en la “verdad histórica”. La justificación, revelar las inconsistencias, fallas y obstáculos de la investigación como parte de una problemática general de debilidad institucional y de responsabilidades que no se circunscriben a un asunto local donde se quiso confinar el asunto.
Lejos de cerrarse, la experiencia dejó en entredicho la “verdad histórica” por el cuestionamiento de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y los obstáculos para la búsqueda como la inaccesibilidad de las pesquisas con militares. También, abrió nuevas líneas de investigación que llevan el caso más allá del ámbito municipal, como confirma la CNDH al señalar a actores estatales y federales esto deja en evidencia las deficiencias en investigaciones judiciales para proteger los derechos humanos. Deja la sensación de que en la confusión nadie gana. El GIEI se va, pero el problema de la crisis de derechos humanos se queda.
