En una declaración emitida el 10 de noviembre de 2025, el Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno de los Estados Unidos a investigar la legalidad de sus recientes operaciones militares en el Caribe y el Pacífico, al considerar que existen “fuertes indicios” de que los ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, declaró que las acciones del gobierno estadounidense han provocado al menos setenta y seis muertes en semanas recientes, como parte de una ofensiva que incluyó ataques contra naves señaladas de transportar drogas. Türk subrayó que, según la información disponible, estas operaciones podrían estar fuera del marco del derecho internacional de los derechos humanos, pues han sido presentadas como “operaciones contra la droga”, cuando deberían tratarse como aplicación de la ley en lugar de acciones bélicas.
El alto comisionado enfatizó que cuando se trata de operaciones de aplicación de la ley, el uso letal de la fuerza debe emplearse únicamente como último recurso ante un ataque inminente. En los casos en cuestión, el Estado norteamericano no habría demostrado que se cumplieran esos criterios mínimos, lo que reforzaría la sospecha de ejecuciones extrajudiciales.
La solicitud de la ONU se dirige a que Estados Unidos investigue de inmediato estos hechos, con el fin de determinar si se han violado los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Estas acciones se producen en un contexto en el que el presidente Donald Trump declaró en octubre al Congreso que el país se encuentra en “conflicto armado” contra los cárteles latinoamericanos de la droga, como parte de su justificación para las intervenciones.
El llamado de la ONU plantea implicaciones sobre la soberanía y el control del uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos en zonas marítimas e internacionales, y plantea preguntas clave sobre los límites entre la fallida persecución del narcotráfico y la potencial comisión de graves violaciones a derechos humanos.
La comunidad internacional estará atenta al resultado de la investigación solicitada, pues el hallazgo de ejecuciones extrajudiciales podría abrir vías de responsabilidad internacional, además de exigir reformas en los protocolos de uso de la fuerza en operaciones marítimas relacionadas con el narcotráfico.
