Por: Jorge Valladares Sánchez*
Existe en las ciencias sociales un fenómeno llamado la “Difusión de Responsabilidad”, que básicamente describe que si el huerto es de todos, asumimos el derecho a consumir sus frutos, pero ¿quién toma la responsabilidad de cultivarlo? Ejemplo civil: la calle es de todos… ¿quién se toma la responsabilidad de su cuidado, limpieza y seguridad? Para que haya amor, se requieren amorosos/as; para que haya fútbol se necesitan futbolistas; para que haya elecciones se requieren votantes; para que haya democracia…
Estamos haciendo un llamado al Congreso de la Unión para tomar la excelente oportunidad que se ha abierto en estos días y establecer en nuestras leyes una institución que tenga la formal responsabilidad sobre el desarrollo y la cultura democrática en nuestro México, contando con la autonomía, la experiencia, la especialización y la vocación para una tarea tan urgente y relevante. Pongo aquí en lenguaje coloquial un planteamiento que ya tienen a su alcance formalmente a partir de 3 antecedentes relevantes:
El 30 de abril, 75 especialistas de 22 estados, construimos en Mérida un Modelo de Ley Integral de Participación Ciudadana con 24 mecanismos, adaptables para cada estado, que empoderan a la ciudadanía para la toma de decisiones y las soluciones de los asuntos públicos. Ver: www.iepac.mx/biblioteca-digital/modelo-ley-PC.
El 25 de junio en la Cámara de diputados, integrantes de la Red Nacional de Educación Cívica y funcionarios de diversas instituciones electorales estatales presentamos 49 propuestas puntuales y técnicas de mejora al sistema electoral.
El pasado lunes 8 de julio recibimos en Mérida a una Comisión de Diputados/as a cargo de la reforma electoral en creación, y escucharon ponencias de diversos especialistas del sureste, como las escucharán en 5 sedes adicionales en otros estados.
La idea central es: las instituciones electorales estatales (IEE) deben convertirse en Organismos Autónomos para la Democracia Estatal (OADE) para aprovechar óptimamente las disposiciones constitucionales establecidas en el artículo 41, que les otorga la tríada virtuosa de funciones cardinales para la democracia: educación cívica, participación ciudadana y elecciones locales. Con ello, los OADE serían las instituciones garantes de los derechos político electorales y la base para consolidar el desarrollo democrático de México desde cada localidad del territorio nacional.
Representa un cambio de paradigma, genuinamente transformador, y viable a partir de que: 1) ya la Constitución lo prevé, así que serían leyes reglamentarias las que habría que reformar; 2) ya sucede en cierta medida, pues en esas tres funciones las IEE han acumulado por décadas, y acentuado en la historia reciente, su profesionalización, especialización, experiencia, recursos y aportaciones regionalmente relevantes; 3) se atiende una necesidad estructural y acumulada en la relación estado-sociedad con un medio que requiere solamente afianzar lo ya existente y no una creación de instituciones o un presupuesto adicional.
El impacto inmediato de esta reforma estaría en afianzar el rol de las IEE como puente entre la ciudadanía y la administración pública con un efecto directo y creciente sobre la desconfianza hacia la política, las autoridades y las instituciones. A mediano plazo, esta transición haría que la reforma que se visualiza hoy electoral, efectivamente sea de estado; logrando una política de estado focalizada en la participación ciudadana.
La generalidad de las instituciones en México recibe de la ciudadanía un bajo o muy bajo nivel de confianza. De 2009 a 2017 Mitofski informa un descenso constante hacia 18 instituciones. En las mediciones del Latinobarómetro y otras, reiteradamente los diputados y los partidos políticos puntúan en el nivel más bajo de las comparaciones, rondando o debajo del 20% la confianza en ellos, y las elecciones recientes no mejoraron la percepción. Instituciones que hace décadas eran la fortaleza y orgullo nacional como el ejército, la iglesia y las universidades son las únicas que sobrepasan el 50% de los encuestados manifestándoles confianza, apenas.
Valladares y Ramírez (2018), describen ampliamente el desinterés de la ciudadanía hacia sus instituciones y gobernantes, que responde a la situación de que cada vez quede menos claro lo que les relaciona en concreto, fuera de lo que sucede alrededor de un proceso electoral. Así que más allá de la confianza que lleva un proceso largo, inestable y multifactorial para lograrse, es necesario que las autoridades electas tengan en el centro de su agenda el lograr atender a los intereses de los sectores poblacionales, que se caracterizan por su diversidad cultural y contextual. Ante el desinterés hacia las instituciones democráticas debe construirse o fortalecerse una cultura política y democrática. El proceso se llama educación cívica y los avances participación ciudadana.
Bajo este esquema los OADE se encargarían de generar una estrategia de formación en competencias cívicas, coordinar las acciones del Estado para impartir la educación cívica, vía la Secretaria del ramo y otras agencias en vínculo con la sociedad civil organizada, con la cual ya existen redes de integración para causas que a la ciudadanía le importan en su diario vivir.
También tendrían la función de asegurar que efectivamente la participación ciudadana sea institucional y realistamente promovida, ejercida y respetada, aplicando los mecanismos dispuestos en la ley de manera continua y creciente. Cada estado en su cultura y contexto aplicaría los mecanismos más adecuados entre aquellos que:
generan decisiones desde la votación ciudadana
organizan a la ciudadanía para dar opiniones y peticiones de manera continua
crean órganos ciudadanos de vigilancia, consulta o colaboración
obligan a la autoridad a informar y escuchar a la ciudadanía.
Y en el tercer elemento de la triada virtuosa, los OADE no sólo tendrían a cargo las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, sino que también tendrían funciones en elecciones sindicales, partidistas, universitarias y de las demás agencias de interés público donde la democracia deba instalarse como práctica permanente.
Cada hito de la historia de nuestro País ha requerido cambios importantes en la ley y en las acciones institucionales, que acorten la distancia entre lo que es y lo que debe ser. La democracia es merecedora de ese mismo atrevimiento y podemos posicionarla en nuestras leyes como un asunto prioritario al legislar sobre ella, inevitable al institucionalizarla, y protegido al dotar de facultades a una instancia autónoma para que la lleve al punto que nuestra ciudadanía requiere. La democracia requiere demócratas, ¡hagamos de nuestro País un terreno fértil para formarles!
México Lindo y Querido… y Democrático.
