El Gobierno de Argentina ha anunciado, mediante el decreto 950/2024, la puesta en venta de varios inmuebles, entre los que se incluyen sitios históricos vinculados a la última dictadura cívico-militar (1976-1983). La medida, que ha suscitado una ola de rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y diversos sectores sociales, incluye espacios señalizados como “sitios de memoria”, los cuales están destinados a la preservación de la memoria histórica y a la promoción de los derechos humanos.
Entre los inmuebles señalados en el decreto se encuentra “La Perla Chica”, un centro clandestino de detención ubicado en la provincia de Córdoba. Este lugar fue reconocido oficialmente en noviembre de 2023 como un sitio de memoria debido a su función durante el régimen militar, especialmente como anexo de “La Perla”, el mayor centro clandestino de detención fuera de Buenos Aires. Según la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, “La Perla Chica” tuvo “un rol central alojando transitoriamente a las personas que estaban en cautiverio en otros centros clandestinos durante el Mundial de Fútbol de 1978, durante la visita de la Cruz Roja Internacional en ese año y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979”.
Ante la noticia de la venta, la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba emitió un comunicado en el que señaló: “La importancia de este lugar trasciende su valor patrimonial y cultural; es un sitio de memoria reconocido y señalizado, que es testimonio de las violaciones a los derechos humanos y de nuestra historia reciente”. La organización subrayó además que “es un sitio clave para distintas causas por delitos de lesa humanidad obrantes en la Justicia Federal, y debe preservarse para asegurar justicia y verdad para las víctimas del terrorismo estatal y sus familias”.
En el listado de futuros inmuebles en venta también figura un terreno de Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, identificado como posible centro clandestino de detención bajo el nombre de “Puerta 8”. Este lugar, que fue parte de la guarnición militar de Campo de Mayo durante la dictadura, se encuentra actualmente bajo investigación por la posible comisión de delitos de lesa humanidad. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires ha señalado que “habría funcionado el Destacamento de Comunicaciones Puerta 8”, área que está protegida por una medida cautelar dictada en 2023 que impide cualquier modificación en la zona.
Además, se menciona la posible venta del ex-Regimiento de Infantería N°9 en la ciudad de Corrientes, otro lugar utilizado como centro clandestino de detención y declarado Sitio de Memoria. Este espacio ya funciona como centro cultural y recibe visitas guiadas en su calidad de Espacio de Memoria. Según la ley 26.691, los sitios de memoria son intangibles, y el Poder Ejecutivo nacional tiene la responsabilidad de preservarlos.
El decreto justifica la venta de los inmuebles como parte de un plan de “eficientización” del rol del Estado, señalando que estos terrenos “resultan innecesarios” y generan “costos y gastos que deben evitarse” en el marco de la crisis económica del país. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como H.I.J.O.S. Córdoba, integrada por familiares de desaparecidos y querellantes en juicios contra la dictadura, han expresado una postura crítica. “Rechazamos profundamente esta acción del Gobierno nacional de Milei y (la vicepresidenta Victoria) Villarruel, que nuevamente niega y banaliza al Terrorismo de Estado y sus crímenes”, afirmaron en un comunicado.
El fiscal federal Facundo Trotta, que ha trabajado en juicios de lesa humanidad en La Perla y La Perla Chica, también expresó su rechazo, advirtiendo sobre el impacto en las investigaciones en curso. “No podíamos aceptar que existiera la posibilidad de que se pueda vender ese inmueble, porque podría afectar las investigaciones”, declaró Trotta a Radio Villa María.
Esta medida es la primera acción concreta en derechos humanos tomada por el Gobierno de Javier Milei, quien ha cuestionado la cifra de desaparecidos durante la dictadura y difundió en marzo un video en el que relativizaba el terrorismo de Estado, una postura que ha generado polémica entre organizaciones y familiares de las víctimas.
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia, del que depende la Secretaría de Derechos Humanos, no ha emitido una declaración oficial sobre los comunicados en rechazo a la venta de estos inmuebles.
