Desde hace cuando menos cuatro decenios, allá por los últimos años sesenta y los primeros de los setenta del Siglo XX, el Estado mexicano empezó a aplicar, de manera decidida, (no siempre asignando los recursos necesarios), una política pública cuyo objetivo era formar, fuera del país, recursos humanos altamente calificados.
Dicha política ha registrado —como producto de la miopía de la clase política, cuando no de su ignorancia y desprecio por el papel que juega el recurso humano calificado en el desarrollo—, altibajos que han estado, en no pocas ocasiones, a punto de descarrilarla.
México, al igual que los demás países de América Latina, ha tenido en la carencia de recursos humanos calificados, una de sus grandes limitaciones para incorporarse a la modernidad; no únicamente en lo que se refiere a la ciencia y la tecnología, sino casi en todas las áreas del conocimiento.
Los años de economía cerrada, produjeron un dañino aislamiento del proceso de cambio que marcó a un buen número de países; ese rechazo a lo ajeno, hizo que aquél nos pasara de noche. México, solían decir los que glorificaron esa autarquía, es único. Aquí no caben ideas exóticas, gritaba la clase política orgullosa de su aislamiento, e ignorante del proceso transformador que sacudía al mundo.
No todos los enviados al exterior estudiaron lo que el país exigía para su modernización; sin embargo, algo se logró. Durante los años de economía cerrada, formamos aquí centenas de economistas cuya visión aprendida de sus maestros, produjo un gran déficit de profesionales versados en la nueva realidad económica que el mundo había construido la cual, por estar aislados, nosotros desconocíamos o rechazábamos.
Los que obtuvieron su doctorado en las grandes escuelas de economía de Estados Unidos, fueron figuras centrales en la vida política del país; incluso dos de ellos, Zedillo (IPN-Yale) y Salinas (UNAM-Harvard), llegaron a ocupar la Presidencia de la República.
Podríamos decir que hasta ahí, todo marchó bien pues algunos de los que salieron a doctorarse contribuyeron, decidida y correctamente, a modernizar la economía mexicana. Sin embargo, ante lo que hoy vemos de algunos de ellos en las funciones que desempeñan, no podría afirmar que las cosas van bien.
¿Qué obtuvimos a cambio, al incorporar a los doctorados al sector público en posiciones de privilegio? Con excepciones honrosas, regresaron a comportarse como viejos políticos de los años sesenta del siglo pasado; a manejar un discurso caduco y abyecto, y fortalecer la manipulación y cooptación política mediante subsidios y dádivas, y a negar lo que les enseñaron acerca de la libertad económica.
Andan por ahí dos o tres causando graves daños, dedicados a cuestiones que nada tienen que ver con lo estudiado y, menos aún, con una visión moderna de la economía. Uno quiere controlar el precio del limón y otros pretenden, con gasto público y deuda sin control, sacar a la economía del estancamiento. ¿Quién sería su maestro en lo relacionado con las causales del crecimiento? Ante estas muestras de medidas económicas de los años treinta del siglo pasado, uno se pregunta, ¿a qué fueron a Estados Unidos?
Hoy, convencidos de que el pasado puede llevarlos a La Grande, lucen y actúan como políticos sesenteros. Ante las estrategias que Echeverría y López Portillo habrían aplaudido, uno pregunta: ¿Hizo bien el país en pagarles sus becas, para doctorarse en el modelo económico que nos arruinó?
