Por: Dr. Jorge Valladares Sánchez*
Algunos sectores sociales expresan desacuerdo por las consultas que el aún nuevo Gobierno Federal ha realizado. Entre los argumentos se dice que no debe pedir a la ciudadanía que opine sobre asuntos técnicos, complejos, de los que no son expertos y de los que ignoran su funcionamiento; también se dice que ya fueron elegidas las personas que integran el gobierno y deben demostrar tener la capacidad de decidir sobre esos asuntos; y además se dice que son acciones fuera de o contrarias a la ley.
Los cuestionamientos son válidos, ya que vivimos en una democracia y toda opinión debe ser respetada y la ciudadanía tiene el incuestionable derecho a exigir respuestas de las autoridades sobre sus actos públicos. Respecto a los argumentos, es posible considerarlos correctos en un sentido e incorrectos en otro. En apretada síntesis:
-Sería óptimo que la consulta de aspectos técnicos fuera hacia expertos colegiados, y de los beneficios o afectaciones sí opine la población con interés en el asunto.
-La autoridad puede pedir y considerar la opinión de cualesquiera integrantes de la sociedad, es parte de las facultades que le concedemos al elegirle. Y luego es responsable de las decisiones que tome y tiene que rendir cuentas.
-La ley prevé formas de democracia indirecta o representativa (como elegir a quien gobierne) y mecanismos de democracia directa o participativa como las consultas ciudadanas, que en el ámbito federal corresponde al INE llevar a cabo bajo reglas estrictas.
Es decir, el gobierno federal puede (está facultado por haberlo elegido) pedirle opinión a expertos y no expertos, a toda la ciudadanía o algunas personas, sea una o más veces. Es legal, pero lo que reciba no le genera obligación de atender, ni le quita un ápice de la responsabilidad sobre lo que decida y haga. Las consultas ciudadanas son otra cosa y corresponde al INE en lo federal y a los Institutos Electorales y de Participación Ciudadana estatales ejecutarlas para atender la auténtica voz de la ciudadanía y generar obligación a quienes gobiernan.
La razón de esto es que la ciudadanía tiene el derecho humano a participar en los asuntos públicos a través de medios distintos a las elecciones. Es lo que se llama democracia directa. Este derecho humano se encuentra garantizado por convenciones y tratados internacionales que México ha ratificado como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, entre otros, así como por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En nuestro País, estos medios que se denominan mecanismos de participación ciudadana se encuentran regulados por las leyes (federal y estatales). Si el gobierno quisiera, puede convocar a consulta popular por las vías institucionales. Lo verdaderamente relevante es que la ciudadanía puede exigir la realización de consultas sobre temas de trascendencia nacional o local, mismas que se deben llevar a cabo con toda rigurosidad e imparcialidad y cuyos resultados obligan a las autoridades. Asimismo, los ciudadanos y las ciudadanas pueden presentar iniciativas de ley a los Congresos o solicitar un referendum para oponerse a alguna ley o reglamento que consideren contrario a sus intereses.
En Yucatán la ley regula estos tres mecanismos de participación ciudadana desde 2007. El IEPAC es la institución autónoma a cargo de promover, orientar, recibir las solicitudes y ejecutar la realización del Plebiscito (que se ha realizado en 3 ocasiones), el referendum y la iniciativa popular (que se han presentado en 3 ocasiones). Como se puede ver, existen medios para que la ciudadanía tome parte de las decisiones y soluciones sobre los asuntos públicos que más le interesen. Esta participación debe ser libre e informada. Y es que los asuntos públicos impactan en la vida social, familiar y personal, para bien o para mal.
Los mecanismos de participación ciudadana son la forma legal, institucional y efectiva de hacernos escuchar como ciudadanía, de exigir a nuestros gobernantes que atiendan a nuestras necesidades. En esta “maldita posmodernidad”, para mucha gente, las ocurrencias en redes electrónicas han sustituido a la información analítica, los “likes” a la discusión seria y los “memes” a la exigencia.
Es tiempo de que la ciudadanía utilice los mecanismos legales de participación ciudadana y que se apropie del espacio público. Dar ese paso echará a andar a la democracia directa que en todo México las leyes garantizan a través de Institutos Autónomos que protegen el ejercicio de este derecho humano.
Nadie sabe lo que tiene hasta que lo usa.
