Por: Jorge Valladares Sánchez.*
En Facebook y en Youtube: Dr. Jorge Valladares.
En esta maldita posmodernidad todo se vale
y dura lo que dura; los problemas de antaño perviven, pues las soluciones no
acabaron de llegar o de cuajar. Pero ahora hasta cabe discutir el hubiera y
cada vez dar un paso es menos necesario si podemos entretenernos tantito con un
like y más con un meme o repetidamente con un tiktok.
Queda a la vista el uso de la
“participación ciudadana” como un recurso retórico de los/as políticos perennes
o concepto difuso de la opinión pública que, de existir, daría lugar a algunas
soluciones o al menos a formas más legítimas de afrontar problemas públicos,
sociales y de la gobernanza. En el discurso sirve y hasta motiva, pero
convertirla en un movimiento social, en una acción planeada o en un factor
medible es otro nivel.
En otro sentido, los resultados expresados
en manifestaciones públicas llamativas, o mejor aún, en acciones visibles de
colectivos que logran ser activadoras de algún cambio corresponden de hecho con
el concepto de que allí hubo participación ciudadana. Y luego de decirlo
pasamos a lo que importa, el significado de la manifestación o el alcance del
cambio que implica algo relevante para una comunidad o sociedad. Su “magia” es
que parecen responder al actuar natural de la gente, que coincide en asuntos y
espacios para generar decisiones y acciones con un alcance que puede ser tan
inmediato como lo que sucede en nuestra calle o muy amplio como lo que pasa en
el País.
Una tercera manera de entenderlo proviene
de las constituciones y leyes de la federación y estados en las que más o
menos, clara o confusamente, se plantea el tema e incluso en muchos casos
aterriza en los llamados Mecanismos de Participación Ciudadana (MPC) que son la
forma regulada (y no sé si decir esperada) que temen o mal usan los/as políticos
perennes y está a cargo de las instituciones electorales propiciar que sirvan
para el fortalecimiento de la ciudadanía.
En cualquiera de las tres acepciones queda
claro que, si queremos y podemos hacerlo valer, cada ciudadano/a del país tiene
un sitio que ocupar en la toma de decisiones públicas. Y eso suena bien, aunque
sea con bajo volumen y poca frecuencia. Hacer que sea cotidiano y efectivamente
poderoso depende de que desde distintas agencias de la sociedad podamos pasar
de la simulación, confusión o desconocimiento a la validez, claridad e
instrumentación de que quien quiera pueda hacer uso de ese sitio.
Uno de las acciones que están ocurriendo
en México se activa desde la agencia de personas que tienen contacto,
especialidad y en muchos casos facultades sobre la activación de los MPC. La
hemos denominado Talleres Nacionales de Participación Ciudadana, en los que
periódicamente se realiza una labor colegiada y metódica para integrar el
conocimiento que existe en temas e instrumentos específicos y documentarlo de
manera que pueda servir de punto de aterrizaje para su uso, consulta o
continuidad.
Desde 2017, con un conjunto de utopistas y
persistentes fui alimentando la metodología que podría aplicarse en este
esfuerzo, hasta documentarla y ponerla a disposición de personas e
instituciones que vieran en ello el potencial para articular una sinergia
virtuosa entre el saber, la experiencia, la labor institucional y la
socialización de los productos que se habrían de obtener.
Así en abril de 2019, teniendo como
anfitrión al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, 75
especialistas e instituciones de 22 entidades se reunieron a completar el
trabajo realizado a lo largo de un año, para verterlo en lo que se convirtió en
el Modelo de Ley Integral de Participación Ciudadana. Este documento integra la
revisión de todas las legislaciones mexicanas sobre el tema y resuelve en un
primer momento la diversidad y pertinencia de definiciones y reglas sobre los
instrumentos que puede tener la ciudadanía para ejercer decisiones directas o
participar en el acompañamiento o valoración de decisiones de las autoridades a
las que les ha otorgado la administración pública o la representación en los
congresos.
Contiene, por tanto, la propuesta de
clasificación, nombre y articulado considerado óptimo para 19 MPC, además de
establecer las generalidades y estructuras complementarias que podrían servir
de base para una auténtica política pública en la que la ciudadanía sea central
en la toma de algunas de las decisiones más pertinentes, de modo que la llamada
democracia representativa tengan un complemento honesto, relevante y funcional
en la democracia directa (toma de decisiones por parte de la ciudadanía) y la
democracia participativa y deliberativa (involucración de toda y/o sectores de
la ciudadanía para nutrir las decisiones públicas con la opinión, experiencias,
conocimientos y necesidades de la población).
Digamos que uno de los temas no resueltos
para que sea una realidad la participación ciudadana es el darle la adecuada
definición, regulación y solidez institucional para que sea efectiva. No basta,
pero es un elemento fundamental, sobre el que pueden fortalecerse su
conocimiento público, el respeto de la autoridad hacia los procesos, y la
adecuada formulación del qué, cuándo, cómo y para qué sirve mejor frente a las
facultades que al votar le damos a las autoridades. Por tanto, este documento
representa una parte del trabajo resuelto para que los congresos puedan partir
de él para construir leyes verdaderamente propiciadoras de la participación
ciudadana y respetuosas de los derechos e inteligencia de la ciudadanía.
Tomando los MPC que sean pertinentes para el estado de que se trate y
manteniendo los lineamientos generales y de implementación institucional que
allí están y que provienen de la ciencia, la academia, la institución y la
discusión orientada a su funcionamiento sin ningún interés o coyuntura
condicionante.
Realizado ese primer gran avance se tiene
a disposición de los congresos y autoridades que efectivamente estén
interesadas en que los MPC sean parte de los instrumentos democráticos de la
ciudadanía a la que, idealmente, sirven. Pero quedó claro entonces que este
proceso sería largo y sinuoso, y que un segundo elemento a nuestro alcance
sería el aspecto de implementación institucional. Que involucra en principio a
las instituciones electorales, a las que la Constitución ha facultado para la
promoción en abstracto de la participación ciudadana y muchas leyes, atinadamente,
les facultan para promover, organizar y calificar los MPC.
Entonces iniciamos la construcción del que
habrá de ser El Libro Blanco de Los Mecanismos de Participación Ciudadana en
México. Un documento de gran alcance en el que se integre todo el saber
disponible sobre los aspectos jurídicos, las experiencias y los instrumentos
con los que se ha contado para el ejercicio de cada uno de los MPC
identificados en el Modelo de Ley. La naturaleza de un libro blanco se plantea
en cuanto a ese recuento e integración académica, científica e institucional de
lo que se sabe y tiene respecto al tema. Con ello se formula adicionalmente una
propuesta especializada de la forma óptima para su regulación legal e
institucional, de modo que con el saber y visión de un conjunto amplio de
especialistas de todo el País, aterrizados en el amplia diversidad de contextos
de las 32 entidades, cada uno de los MPC queden disponibles para su adopción,
implementación y éxito social en las entidades (y sus instituciones) que así tengan
la convicción de activarlos.
Teniendo como convencido anfitrión al
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, se realizó el trabajo necesario para
conformar el primer capítulo de lo que será esa colección. El Plebiscito fue el
elegido para iniciar, por su mayor familiaridad, por ser el mecanismo más
presente en las leyes mexicanas y por ser el MPC que se ha implementado en más
entidades. Con la labor de 80 especialistas de 25 entidades fue posible hacer
un recuento de todas las experiencias documentadas en México y algunas en otros
países, y de la forma diversa en que se regula en el país, llegando con ello a
una propuesta idónea para convertirlo en un instrumento de la democracia en
todo el País, y dejando atendidas en el documento muchas de las controversias y
limitaciones que han sido motivo o pretexto para que no se utilice con todo su
potencial.
En un tercer ejercicio, los Talleres
Nacionales contaron como anfitrión con el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Jalisco, con cuya convocatoria y respaldo, más de 90
especialistas de 28 entidades atendimos un tema que en la escena política
nacional cobró notoriedad en los años recientes, las denominadas consultas
populares. A lo largo de meses realizamos el análisis de todas las formas en
que se usa el concepto en las leyes del País y de la diversidad de ejercicios
que usando ese nombre u otros relacionados han servido lo mismo para permitir,
excepcionalmente, alguna decisión relevante nacional o local a través del voto
de su ciudadanía y en muchos casos han servido para simulaciones, distracciones
o discusiones fallidas sobre temas relevantes o irrelevantes en distintas
latitudes.
Producto de esos meses de labor, en los
últimos días de agosto finalizamos el que se denomina Capítulo de La Consulta
Popular y Las Consultas Públicas, donde se pone a disposición de autoridades,
funcionarios, organizaciones y ciudadanía el análisis y las propuestas
especializadas sobre este tema tan complejo como polémico. La aplicación
práctica, puntualizábamos al concluir, sería que cualquier autoridad bien
intencionada pueda tomar este documento y afinar la forma en que ofrece la
participación de su ciudadanía bajo estas modalidades y disponer el
presupuesto, el tema, la pregunta, la articulación y las reglas que efectivamente
centren y aprovechen la participación de la ciudadanía en temas fundamentales
para su desarrollo y bienestar. En simultáneo, que cualquier ciudadano/a que
sea convocado/a a participar en algo denominado consulta, pueda leer una
sección de este capítulo y saber, desde un documento especializado, si lo que
se está planteando es efectivamente un buen ejercicio del MPC o un deficiente
ejercicio o una franca simulación reprobable.
Por ilustrar, llegamos a la conclusión de
que el nombre para estos MPC pueden irse adecuando en leyes y conversación
pública de manera que quede claro que una consulta pública es toda aquella en
la que una autoridad facultada usa recursos públicos para tomar en
consideración a su ciudadanía en la toma de decisiones fundamentales, siempre y
cuando lo haga de una manera regulada con bases democráticas y legales. Que en
el caso de hacerlo por medio de una votación universal, al modo de una elección
constitucional, y cuyo resultado sea validado como la decisión tomada, ya que la
ciudadanía así lo dispuso, procede ser nombrado como una Consulta Ciudadana.
Y que existen una variedad de
posibilidades, medios y alcances para que una autoridad en cumplimiento de su
deber y con un proceder inteligente y democrático aproveche las opiniones,
experiencias, propuestas y análisis de la ciudadanía para tomar decisiones que
tendrán un impacto social o en sectores específicos de la población o de las
obligaciones del gobierno en servicio de la gente. En ese caso aplica el nombre
de Consulta Popular y el punto medular analizado está en cuanto a la forma de
asegurar que sea esto un ejercicio efectivo de respeto a los derechos de
participación de la ciudadanía en los temas que le afectan e importan y, por
tanto, los modos de garantizar que el llamado de la autoridad a una consulta no
sea un acto político o con intenciones incorrectas, sino un ingrediente
importante para tomar mejores decisiones para el bien común. Por tanto en el
documento se plantea un modo óptimo de regular este amplio, importante e
históricamente mal atendido MPC.
En el mes de noviembre estaremos
concluyendo los trabajos de un tercer capítulo de este Libro Blanco, relativo a
otro MPC muy poderoso, que son el llamado Presupuesto Participativo, forma en
que la ciudadanía puede orientar las necesidades que se atienden
prioritariamente en la aplicación de los recursos públicos. El Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora es ya el anfitrión y
acompañante de este trabajo, que tengo el placer y honor de coordinar y que
cuenta con el respaldo y participación de ese universo creciente de utopistas y
persistentes integrantes de la Red Cívica Mx.
A grandes rasgos, la metodología de un
Taller Nacional pasa por cuatro etapas:
- Una
revisión exhaustiva de la legislación, historia, experiencias y todo documento
que se detecta que deba ser considerado en el análisis y que es aportado por el
conjunto de especialistas y de las diversas instituciones estatales, tanto del
ámbito electoral, como de otros sectores, especialmente el académico. - Se
integra una primera propuesta del documento a partir de los elementos
relevantes que dan organización al estado del conocimiento y experiencias
detectado. Ese documento inicial se entrega al colectivo de especialistas
conformado en todo el País y se solicita a las instituciones de las 32
entidades su revisión y formulación de aportaciones y adecuaciones. - Con
todo lo que se obtiene de la revisión anterior se construye una versión de
trabajo para que en sesiones plenarias, luego de la revisión del documento así
construido, se proceda a analizar, debatir, modificar y en general mejorar el
planteamiento de los contenidos y de sus implicaciones en términos de
propuestas que deban ponerse en el documento, entendido que su finalidad es
llegar a ser instrumento de acciones de las instituciones a cargo, como de
sectores de la ciudadanía que puedan beneficiarse de él. - El
producto generado se edita y pone a disposición de todos los sectores en los
medios accesibles para todas las personas e instituciones participantes.
Finalmente lo que sería idóneo es que en lo que corresponde estos documentos se
conviertan en insumo básico para la mejora legislativa en los congresos, la
mejora institucional en todos los sectores de gobierno y autónomos
correspondientes y que sea también un instrumento de cultura democrática al
alcance de ciudadanía y organizaciones, así como de académicos e investigadores
para seguir especializando y ampliando el conocimiento de cada tema.
Esto está andando y seguirá construyéndose
para atender esta arista de la participación ciudadana. La idea de compartirlo
está motivada en la convicción de que hay un momento y lugar (medio) en el que
llegamos a coincidir las personas que creemos que es posible generar cambios
que sean socialmente constructivos y estables. La apuesta es a que si tú estás
trabajando desde otra arista, podamos conversar y sumar. Que si estás en estos
temas y quieres ser parte de este ejercicio contactes y te integres. Y si no,
pero te tomaste el tiempo e interés en leer, sepas que existe y que nos
interesa saber lo que piensas al respecto o si llegas a ver alguna utilidad en
la que estos documentos o conversar sobre el tema pudieran llevar a que en tu
comunidad o localidad ocurra de hecho mayor, mejor y más efectiva participación
ciudadana.
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*Jorge Valladares Sánchez
Papá,
Ciudadano, Consultor.
Coordinador
Nacional de la Red Cívica Mx, A.C.
Representante
en Yucatán de Nosotrxs.
Doctor
en Ciencias Sociales.
Doctor
en Derechos Humanos.
