Por: Eduardo Ruíz-Healy
“Tenemos que hacer una Reforma Administrativa y tienen que
desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente
porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías” dijo el lunes
pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, al anunciar que le pedirá al
Congreso que apruebe cambios a la Constitución para desaparecer al Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que son tres organismos
constitucionales autónomos (OCAs) que gozan de autonomía en su funcionamiento y
toma de decisiones y no están subordinados al poder ejecutivo que hoy tiene en
sus manos AMLO ni al poder legislativo que hoy controla su partido Morena.
Andrés Manuel busca acabar con estos estos OCAs porque no
actúan como al él le gustaría. Resulta curioso que no quiera desaparecer a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que hoy preside una de sus
incondicionales, Rosario Piedra Ibarra. También pide que desaparezca la
Comisión Reguladora de Energía (CRE), que no es un organismo autónomo
constitucional.
AMLO, que parece creer que la mejor época del país fue entre
1929 y 1982, cuando al país lo gobernaron presidentes priistas que no le
rendían cuentas a nadie, desde hace tiempo busca desaparecer o controlar a
todos los organismos que no se someten a sus deseos o caprichos, ya sean OCAs
como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México y los arriba
nombrados, o ministros, magistrados y jueces del poder judicial que, como un
poder paralelo, actúan con independencia.
El presidente olvida que los organismos autónomos
constitucionales en México se crearon con el propósito de fortalecer la
democracia, garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos,
promover la rendición de cuentas y asegurar la independencia en áreas clave de
la administración pública. Además, parece ignorar que los OCAs ayudan a
mantener la separación de poderes en un sistema democrático porque, al ser
independientes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pueden ejercer
sus funciones sin interferencia indebida de otros poderes del Estado. Tampoco
parece importarle que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos,
como los derechos humanos y el derecho al voto. Por si fuera poco, le molesta
que promuevan la transparencia gubernamental, garanticen el acceso a la
información pública, contribuyan a la rendición de cuentas y permitan a los
ciudadanos supervisar las acciones del gobierno. Además, no parece estar
interesado en fomentar la competencia, regular los mercados y prevenir
prácticas anticompetitivas.
A pesar de que a veces el desempeño de los OCAs ha dejado
mucho que desear, es innegable que su presencia ha contribuido a mejorar
nuestra realidad al fortalecer la democracia, proteger los derechos humanos,
promover la transparencia gubernamental, fomentar la competencia y garantizar
la rendición de cuentas. Su independencia y capacidad de actuar en beneficio de
la sociedad han sido esenciales para avanzar hacia un México más justo y
democrático.
Por lo anterior, todos los partidos de oposición deben
impedir que desaparezcan las OCAs.
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