Sobran los motivos, por:
Jordy R. Abraham Martínez
Una democracia se construye por instituciones que detenten solidez y que se encuentren por encima de entes individuales. En este sentido, todo Estado de Derecho moderno se conforma por diversos poderes constitucionales que dividen el Poder. En la mayoría de las naciones occidentales liberales, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, son los grandes protagonistas de este sistema de pesos y contrapesos. La independencia que debe haber entre cada uno de ellos permite que se generen equilibrios sanos para la vida democrática y el desarrollo de los países. Por el contrario, cuando uno de estos predomina sobre los demás se corrompe la institucionalidad y se corre el riesgo de resquebrajar el Estado de Derecho para ceder ante el abuso y la arbitrariedad.
De esta manera, si bien es positivo contar con un Ejecutivo sólido, también lo es el que el Poder Jurisdiccional y el Legislativo se hallen en óptimas capacidades de funcionar con arreglo al mandato constitucional en favor del bien nacional. Así, la administración pública se hace responsable de implementar políticas de gobierno que abonen al progreso comunitario, mientras que los diputados y senadores se enfocan en la creación de normas jurídicas propicias y el sistema judicial de dictar derecho ante controversias legales.
De particular interés es la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformada por once ministros y que tiene en sus manos la tarea de revisar y hacer valer los principios y preceptos contenidos dentro de la Carta Magna. En consecuencia, es la garante de fomentar la conservación del Estado de Derecho en las actuaciones de los distintos poderes. Próximamente, serán relevados integrantes de la Suprema Corte debido al retiro de algunos ministros. Deberán incorporarse mujeres u hombres de integridad impecable y probidad probada.
Del mismo modo, las entidades federativas cuentan con Tribunales Superiores de Justicia que se desempeñan como autoridad judicial a nivel local. Su tarea es de enorme trascendencia para la conservación del orden y la paz social en los estados. A propósito de lo anterior, en los siguientes días el Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, designará a un nuevo Magistrado Presidente. La importancia del suceso no es menor, pues se trata de un puesto clave para asegurar la continuidad del ejemplar esfuerzo que se ha venido llevando a cabo a nivel local por consolidar la implementación del sistema de justicia acusatorio con óptimos resultados.
En este sentido, es de destacar la trayectoria de uno de los posibles candidatos a ocupar tan relevante posición dentro de la máxima sala de justicia del estado. El actual Magistrado Unitario de Justicia para Adolescentes, Santiago Altamirano Escalante, ha probado su capacidad de múltiples formas y en distintos frentes. Su formación académica con dos maestrías y constante actualización hablan de su compromiso por la profesionalización del ejercicio jurisdiccional. A su vez, ha sido docente en diversas universidades de mayor prestigio en el plano local. En adición, su colaboración con agrupaciones de la sociedad civil ha dejado como patente su solidaridad social, la cual es determinante como mérito para aspirar legítimamente a convertirse en próximo Magistrado Presidente.
Los tres Poderes deben cumplir correctamente con sus funciones estipuladas en la Constitución Política sin invadir las esferas de actuación ajenas. De ello depende el fortalecimiento de un Estado de Derecho que sea auténtico protector de las libertades que tenemos todos como ciudadanos. Los pesos y contrapesos deben ser efectivos y utilizados con completa responsabilidad y sentido de legalidad.
