Por Alan Javier Contreras Castillo.
No existen argumentos suficientes para justificar las exorbitantes remuneraciones que reciben los funcionarios públicos de alto nivel y mucho menos cuando se comparan con los sueldos que en promedio ofrece el mercado laboral en México. Resulta indignante para la sociedad observar como aquellos burócratas, a veces, ni siquiera cuentan con el expertise técnico para desempeñar sus labores adecuadamente y por ende su aporte social se ve reducido a márgenes poco productivos. Si en este momento te surge la duda del por qué ganan lo que ganan, la respuesta es: lo potestativo del sistema de remuneraciones.
La discrecionalidad con la que se decide cuánto debe percibir el personal del gobierno, sin duda tiene que adecuarse a la realidad social y económica del país; la voluntad política, por sí sola, no debe determinar las remuneraciones en su totalidad sino que debe respetarse el imperio de la ley y también tomar en cuenta la situación particular de cada Poder de la Unión.
El contexto de la reforma a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos ha causado sobresaltos en los juicios emitidos por el poder Ejecutivo y gran parte de la bancada morenista en el Senado, por el hecho de que la Corte suspendió la aplicación de dicha ley al admitir a trámite una acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición, haciendo patente que dicha suspensión no impide a la Cámara de Diputados subir o bajar los sueldos como lo considere, pero sí le prohíbe utilizar la ley, impulsada por Morena, para asignarlos. Palabras más, palabras menos, los Ministros del Poder Judicial mantendrán sus percepciones salariales al estar protegidos por la Constitución, específicamente con fundamento en el artículo 94 párrafo once, el cual versa lo siguiente:
“La remuneración que reciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.
El fundamento en comento establece claramente el “qué” pero el “por qué” tiene que ver con dos argumentos emitidos justamente por la actual secretaria de Gobernación y ex Ministra de la Corte en México, Olga Sánchez Cordero. Ella declaró en la entrevista con animal político de fecha 25 de julio del año en curso lo siguiente (parafraseo):
“Un juzgador es un actor fundamental en la paz social del país y por eso es que para hacer funcionar el Poder Judicial, se necesita, además de garantías en los salarios, un porcentaje de Presupuesto de Egresos fijo en los estados para el poder en comento e inamovilidad en sus cargos con el fin de no estar sujetos al contentillo del gobernador o del legislativo”
Además del fundamento legal ya citado, coincido con el planteamiento por las siguientes razones: por la alta especialización que requieren sus puestos y para salvaguardar la imparcialidad de sus posturas en un ámbito donde la corrupción se encuentra latente pero no explota como en otros sectores, justo por esta medida de remuneración. En contraposición, lo que considero debería dejar de otorgársele a los Ministros, es la pensión mensual que reciben al concluir sus periodos.
Al son de este tenor, la verdadera pregunta es si la ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos es capaz de regular adecuadamente la discrecionalidad antes explicada o si sólo fue un arrebato ególatra de la mayoría legislativa que no cambiaría las cosas sino a su favor. Lo cierto es que no puede considerarse un sacrilegio el fallo de la Corte, sino que la acción de inconstitucionalidad es sólo un mecanismo que le permite a la norma suprema mantener su prevalencia ante cualquier indicio que pudiera lacerar gravemente el orden social. Algo que no puede escapar de esta opinión, es que a pesar de la descalificación otorgada por el titular del ejecutivo al fallo de la corte, es un hecho que el mensaje de respeto a la institucionalidad, es tomado con buena fe desde esta visión. No trastocar los pesos y contrapesos de los Poderes de la Unión puede garantizar un mejor desempeño en la funciones del Estado; esperemos que no se quede solamente en palabras.
