El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que un presunto bombardeo ocurrido en la zona fronteriza con Ecuador dejó un saldo de 27 personas muertas, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados, en un hecho que ha intensificado la tensión política y militar entre ambos países.
De acuerdo con la información difundida el 17 de marzo, el mandatario colombiano afirmó que los ataques no fueron realizados por las fuerzas armadas de su país ni por grupos irregulares, ya que estos no cuentan con capacidad aérea. Petro sostuvo que una bomba habría sido lanzada desde un avión en un punto cercano a la frontera, lo que lo llevó a señalar la posible responsabilidad del gobierno ecuatoriano.
El presidente aseguró que “no dio esa orden” y cuestionó la versión oficial ofrecida por Ecuador, al considerar que “la explicación no es creíble”, insistiendo en que existen indicios de un ataque externo que debe ser investigado a fondo.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó las acusaciones y afirmó que las operaciones militares de su país se han llevado a cabo exclusivamente dentro de su propio territorio, como parte de una estrategia contra grupos vinculados al narcotráfico.
El conflicto ocurre en un contexto de creciente deterioro en la relación bilateral. En los últimos meses, ambos gobiernos han mantenido desacuerdos en materia de seguridad y comercio, particularmente por la responsabilidad en el control del narcotráfico en la frontera común. Estas tensiones se han traducido en medidas económicas y en un endurecimiento del discurso político entre Bogotá y Quito.
Según versiones difundidas por el gobierno colombiano, el hallazgo de una bomba en territorio cercano a la frontera refuerza la hipótesis de un ataque aéreo, aunque las autoridades han reconocido que será necesaria una investigación detallada para determinar el origen del artefacto y esclarecer los hechos.
El episodio ha generado preocupación por el riesgo de una escalada mayor en la región. Petro ha señalado que su gobierno no busca un conflicto armado y ha planteado la necesidad de evitar que la situación derive en una confrontación abierta entre ambos países, mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes.
La denuncia sobre los 27 fallecidos se produce además en medio de un aumento de la violencia en zonas fronterizas, donde operan organizaciones criminales ligadas al tráfico de drogas. Este contexto ha sido utilizado por el gobierno ecuatoriano para justificar operativos militares intensivos, mientras que Colombia ha insistido en una estrategia distinta centrada en la desescalada del conflicto.
La situación marca uno de los momentos más delicados en la relación reciente entre Colombia y Ecuador, con acusaciones cruzadas que combinan factores de seguridad, política exterior y disputas económicas, en una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados y redes de narcotráfico.
