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Plan C o los límites del todo o nada

Pascal Beltrán del Rio
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Bitácora, por: Pascal Beltrán del Río. 

Luego de la derrota en la Suprema Corte de su plan B,
el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció lo que llamó plan C y que
consiste en que su movimiento gane la mayoría calificada en ambas Cámaras del
Congreso de la Unión en 2024, a fin de poder reformar la Constitución a su
antojo.

Con ello, el mandatario puso una enorme presión sobre
su partido y también sobre quien resulte su candidato o candidata presidencial,
pues ambos estarán obligados a lograr algo que él no pudo, a pesar de la enorme
votación recibida en 2018.

Como la Carta Magna limita a 300 el número de
diputados que puede acumular un partido político en una Legislatura, Morena
tendría que depender de sus aliados para alcanzar la cifra mágica de 334, que
equivale a las dos terceras partes de las curules en la Cámara baja. Además,
como también fija un tope de sobrerrepresentación de 8% –entre la proporción de
votos obtenidos y la del número de asientos en San Lázaro–, la coalición que
eventualmente encabece el partido del Presidente necesitaría ganar la elección
para diputados federales con algo así como 58% de los votos, es decir, 15
puntos por arriba de lo obtenido hace cinco años.

En el Senado, la cosa es aún más complicada.
Suponiendo que dicha coalición ganara la elección de mayoría en todos los
estados de la República –cosa que hoy en día se ve poco probable–, recibiría,
por esa vía, 64 escaños, pero la oposición acumularía automáticamente 32 por la
vía de primera minoría. Entonces, para sumar los 86 que se requieren para tener
la mayoría calificada, el oficialismo necesitaría otros 22 asientos y tendría
que obtenerlos de la lista nacional, que asigna 32 senadurías de representación
proporcional. En 2018, el lopezobradorismo obtuvo 18 lugares por ese principio
y, aun así, se quedó corto de la mayoría calificada. ¿Qué será en 2024, sin
López Obrador como candidato presidencial?

Además de la enorme dificultad que representa el
objetivo trazado por el Presidente, hay algunas cosas que deben decirse al
respecto: 1) López Obrador, quien usa las mañaneras para hacer proselitismo a
favor de su partido, apuesta por imponer su punto de vista, de una manera que
no se veía desde los tiempos del PRI autoritario; y 2) quiere que su movimiento
político gobierne sin contrapesos, pues una de las iniciativas constitucionales
que ha anunciado que enviará al Congreso el día que se inaugure la próxima
Legislatura es la que reforme al Poder Judicial, esencialmente para acabar con
la actual conformación de la Corte.

Como se ven las cosas ahora, el oficialismo parece
destinado a repetir en la Presidencia, pero sin control del Congreso. Entonces,
ni López Obrador, en el último mes de su Presidencia, ni quien lo suceda en el
Ejecutivo podrán imponer cosa alguna en el Legislativo. Eso dejará al próximo
presidente o presidenta con la obligación de negociar con la oposición si
quiere hacer reformas constitucionales y, en una de esas, hasta para aprobar el
Presupuesto y sacar cambios a leyes secundarias.

Los dos predecesores de López Obrador –Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto– no contaron con una mayoría calificada en el Congreso,
pero el primero logró reformar 110 artículos constitucionales, y el segundo,
155 (recuérdese el Pacto por México). López Obrador sólo ha conseguido cambiar
57 artículos. La negociación deja dividendos; el todo o nada, no tantos.

BUSCAPIÉS

*“Esos premios se pueden conseguir en la Plaza de
Santo Domingo”, ironizó López Obrador, entre carcajadas de los paleros que lo
acompañan en sus conferencias. Se refirió así al reconocimiento en materia de
promoción de los derechos humanos que recibió la ministra presidenta de la
Suprema Corte, Norma Piña, de la prestigiosa Asociación Internacional de
Mujeres Juezas, que agrupa a 6 mil 500 juzgadoras de más de 100 países y que
preside la neozelandesa Susan Glazebrook, integrante del máximo tribunal de su
país. Gran contraste con lo que dijo el 23 de diciembre pasado, al comentar las
acusaciones de plagio que pesan sobre la ministra Yasmín Esquivel, cuando
justificó la falta potencial cometida por ella como un “error de estudiante”.

Pascal Beltrán del Rio
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