El manejo político y público de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein —el financiero estadounidense condenado por delitos de tráfico sexual de menores— se ha convertido en un tema de fuerte discusión en Estados Unidos, generando críticas explícitas y defensas abiertas por parte del entorno del presidente Donald Trump.
La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, firmada por Trump en noviembre de 2025, obligaba al Departamento de Justicia a liberar al público todas las páginas disponibles de los documentos relacionados con la investigación criminal contra Epstein. A finales de enero de 2026, ese departamento publicó aproximadamente 3,5 millones de páginas, incluidas miles de imágenes y vídeos, como parte de la aplicación de esa ley.
Sin embargo, tanto legisladores como periodistas han cuestionado que la administración haya cumplido cabalmente con el espíritu de la norma, señalando que una parte significativa de los documentos permanece con redacciones u ocultos, a pesar de la magnitud de la publicación ocurrida el 30 de enero.
Expertos y comentaristas han valorado el alcance político de este proceso. En un análisis de opinión publicado en medios estadounidenses, el abogado y periodista Chris Traux sostuvo que los archivos representan “una pesada losa política alrededor del cuello” del presidente Trump, comparándolo con otros escándalos políticos en términos de impacto sobre su imagen pública y legado. Según ese mismo análisis, la fuerte aprobación del proyecto de ley en el Congreso —que mostró amplio respaldo bipartidista— evidenció una pérdida de fuerza política para Trump en este tema.
El equipo del presidente ha defendido su actuación asegurando que se ha actuado conforme a la ley y que la publicación de documentos fue un cumplimiento de la legislación aprobada por el propio Congreso. En contraste, encuestas recientes han mostrado que una amplia mayoría de ciudadanos de distintos espectros políticos expresan insatisfacción con el nivel de divulgación de la administración, con porcentajes significativos de estadounidenses que estiman que aún se retiene información relevante.
El debate no se limita al ámbito político: sobrevivientes y grupos por la transparencia han exigido una liberación más completa y sin ediciones, argumentando que las redacciones y la supuesta ocultación de partes de los archivos limitan el acceso a la verdad sobre los crímenes de Epstein y las posibles conexiones de individuos poderosos.
En este contexto, la administración Trump ha continuado defendiendo que su respuesta se ajusta a la ley y al procedimiento establecido, mientras que sus críticos persisten en pedir mayor apertura y claridad en torno a todos los nombres y documentos relacionados con uno de los casos de abuso sexual más notorios de las últimas décadas.
