En el marco de la reciente Reforma al Poder Judicial, se realizó una votación en el Senado que afectó directamente a 711 magistrados y jueces de distrito, quienes perderán sus plazas para someterse a elección el próximo año. Esta medida ha causado controversia y descontento, especialmente entre figuras prominentes del ámbito judicial.
Entre los magistrados afectados destacan Indalfer Infante y Constancio Carrasco Daza, exmagistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Carrasco Daza, incluso, ocupó el cargo de presidente del tribunal. El magistrado Felipe Fuentes, quien aún conserva su puesto en la Sala Superior del TEPJF, también perderá la titularidad del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en Toluca, una posición que estaba ocupada provisionalmente mientras él se desempeñaba en el tribunal electoral.
Asimismo, el magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, ha perdido su plaza. Delgadillo Padierna se volvió una figura mediática cuando ordenó la prisión preventiva de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, con base en una licencia de conducir falsificada presentada por la Fiscalía General de la República.
El listado de magistrados y jueces afectados incluye nombres de juzgadores que han estado envueltos en decisiones controversiales o en denuncias de corrupción dentro del Poder Judicial. Entre ellos se encuentra el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, quien fue blanco de críticas por parte del gobierno federal debido a las suspensiones que otorgó contra la construcción del Tren Maya. La jueza Abigail Ocampo Álvarez, quien concedió un amparo a Antonio Oseguera, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, también ha sido señalada.
La jueza Sandra Leticia Robledo Magaña es otro de los nombres que figura en la lista. Robledo Magaña denunció haber sido presionada por Carlos Alpízar, cercano al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, para emitir fallos a favor del gobierno. Su denuncia desencadenó una investigación por parte del pleno de la Corte.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) ha expresado su rechazo al proceso implementado por el Senado, calificándolo de “humillante” y alegando que se está rompiendo el orden constitucional. Juana Fuentes Velázquez, directora general de la Jufed, denunció que se está jugando “al azar” con la vida profesional de los magistrados y jueces. La asociación también se comprometió a brindar ayuda legal a los afectados y cuestionó la legalidad del procedimiento.
El descontento es generalizado entre los magistrados y jueces afectados, quienes consideran que el Poder Legislativo ha violado el Estado de derecho. La Jufed sostiene que el Senado ha ignorado las suspensiones decretadas por la justicia federal, lo que agrava aún más la situación.
Este proceso, resultado de la Reforma Judicial que entró en vigor el 16 de septiembre, se ha convertido en un tema polémico en México, con implicaciones significativas para el futuro del Poder Judicial y la relación entre los poderes del Estado.
