Especial/ La Revista
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), en la supervisión de 80 de las 106 cárceles municipales de la entidad ubicaron que más del 60 por ciento no cumple con las reglas mínimas para el arresto de personas que han cometido faltas administrativas, por lo que se deja en estado de indefensión a los detenidos.
Si bien la mayoría presenta grandes carencias, los municipios que presentan las peores condiciones son Ticul, Dzan, Sacalum, Abalá, Celestún y Suma de Hidalgo, entre otros.
Además, los consabidos casos de malos tratos y violaciones a los derechos humanos como el recientemente ocurrido en Tekax, en donde cuatro policías torturaron a un detenido. Uno de los uniformados los grabó y subió el material a redes sociales, por lo cual pudo conocerse públicamente el hecho.
La Codhey dio a conocer que durante las supervisiones se encontraron celdas carentes de baños, luz, limpieza, ventilación, planchas de cemento para sentarse o acostarse; además hay casos más delicados en el que se observaron grafitis, orificios en piso, techos y paredes, residuos de excremento, telarañas, rejas oxidadas o rotas, entre otros señalamientos.
Uno de principales problemas observados fue la falta de registros de las personas arrestadas y de las pertenencias que les retiran al momento de su ingreso.
A los detenidos se les deja únicamente en ropa interior.
Muchos de los municipios no cuentan con el Bando de Policía y Buen Gobierno, ni manuales operativos o reglamentos internos que controlen el actuar de cada elemento.
Es preciso mencionar que para las revisiones se aplica la Guía de Supervisión a Cárceles Municipales y se inspeccionan, en caso de encontrarse, los libros de registro, manuales de procedimientos y reglamentos de Policía.
Durante los recorridos se entrevistaron a directores, comandantes de seguridad pública, policías municipales y, en algunos casos, a jueces de paz y/o jueces calificadores así como a las personas que se encontraban arrestadas al momento de la visita.
Registros
De las visitas realizadas pudo constatarse que el 65% de las cárceles municipales no cuenta con ninguna clase de registro ni documentación; por el contrario, el 35% de ellas carece del registro de ingreso, y de este porcentaje el 30% se realiza de manera incompleta.
Esta situación encontrada reiteradamente en los municipios se debe, principalmente, al desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias. Tahdziú, Sacalum y Suma de Hidalgo son un ejemplo de esta situación.
Los registros deben llevarse en un libro foliado y contener como mínimo los datos del detenido: nombre, edad, media filiación, domicilio, etc.; listado y descripción de pertenencias, autoridad que pone a disposición, hora de entrada y salida del detenido, sanción fundada y motivada, así como si existe queja o no en su contra, entre otras cosas.
El registro adecuado constituye una importante garantía de la protección de los Derechos Humanos de las personas que por algún motivo fueron arrestadas, además de facilitar en gran medida el trabajo de los elementos de policía.
Resguardo de pertenencias
Con relación al registro de los objetos que se les retiran a los detenidos al momento de ingresar al área de celdas, se verificó que un 56% de los centros de detención lleva dicho proceso, pero únicamente el 3% expide un recibo para garantizar su devolución al momento del egreso. Mérida, Valladolid, Progreso y Motul son un ejemplo de los municipios que sí entregan recibo.
Las medidas de seguridad de los espacios destinados al resguardo también son un punto importante a señalar, puesto que son escasas las comandancias que cumplen con dicho requisito, usualmente las pertenencias son depositadas en cajones o archiveros de las mismas, en donde no hay claramente un responsable de ellas.
Visitas y llamada telefónica
El 100% de las comandancias manifestó permitir la visita a los detenidos; no obstante, únicamente el 9 % lleva un registro de las mismas.
Respecto de la comunicación vía telefónica a la que las personas arrestadas tienen derecho, se encontró que en el 80% de las cárceles se les permite realizarla. Sobre este dato debe aclararse que únicamente se refiere al dicho de los entrevistados, sumado a que un 53% de las respuestas refirieron que las llamadas son efectuadas desde teléfonos celulares de los oficiales de policía o de los propios detenidos.
Condiciones materiales de mantenimiento e higiene
En los municipios de Ticul, Buczotz, Tixméuac y Chacsinkín se constató que notoriamente requieren de un cambio de edificio, debido a que las instalaciones en donde se encuentran actualmente se encuentran en muy mal estado y no representa una seguridad para los detenidos ahí recluidos.
Asimismo, fue posible verificar con respecto a la iluminación natural y ventilación, que en el 60% de las celdas las condiciones son adecuadas, ya que cuentan con ventanas, traga luz y puertas de barrotes que permiten una adecuada iluminación natural y ventilación.
En cuanto a la iluminación artificial se encontró que el 10% de las cárceles cuentan con ella en el interior. Sobre este dato también pudo corroborarse que un 70% cuenta con iluminación instalada en el exterior, no obstante, debido a la ubicación y características muchas de esas instalaciones resultan insuficientes.
En relación al lugar de descanso de los detenidos, es preciso decir que, un 73% de las cárceles tiene planchas de cemento para cubrir esta necesidad, sin embargo, las condiciones materiales de las mismas en su mayoría no son las óptimas puesto que se han encontrado planchas rotas, con exposición de varillas metálicas, dimensiones reducidas, etc.
En cuanto a las instalaciones sanitarias es importante hacer mención que gran parte de las cárceles municipales, no están diseñadas para cubrir las necesidades de las personas arrestadas o, simplemente, no cuentan con ellas.
Puede hacerse referencia de algunas en las que únicamente se hallan agujeros en el piso a manera de letrina acumulándose desechos de todo tipo, desde residuos fecales y orina hasta alimentos en descomposición, contribuyendo al mal estado general que predominan en las celdas. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las cárceles municipales de Peto, Tahdziú e Izamal.
Aunado a lo anterior, la mayoría de los sanitarios interiores carece de privacidad alguna, ya que las tazas quedan expuestas a la vista de cualquier persona que se encuentre en el área. Tixkokob, pese a contar con instalaciones de reciente creación, se encuentran muy sucias.
De igual forma se encontró que el 16% de las cárceles cuenta con instalaciones sanitarias en su interior y de este porcentaje, únicamente en 3 municipios fue verificable que contaban con agua corriente. Estos son los casos de Mérida, Valladolid y Tizimín.
Como resultado de las condiciones mencionadas en el punto anterior, debe enfatizarse el olor intolerable que se percibe, no solo en el interior de las celdas, sino que alcanza a sus alrededores, incluyendo, en algunos casos, las mismas oficinas de la comandancia dada la cercanía de éstas con las celdas; situación que pone en evidencia el riesgo a la salud, no sólo de las personas arrestadas, sino también de las que se encuentran en contacto diario con dichas instalaciones.
Un ejemplo de ello son los municipios de Izamal, Chemax, Temozón y Oxkutzcab.
La Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán sostuvo que ante tales circunstancias, los alcaldes son quienes deberían tomar en consideración las deficiencias en que operan las cárceles municipales a su cargo.
Tortura en Tekax
Los recientes hechos ocurridos en el municipio de Tekax ponen al descubierto que sigue la práctica de la tortura, cuando cuatro policías trataron salvajemente a un presunto ladrón de ganado.
El caso ocasionó la intervención de la Fiscalía General del Estado y de la misma Codhey, así como del Poder Legislativo.
Casos en Yucatán
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tiene 40 carpetas de investigación sobre casos presuntos de tortura en Yucatán, tres de ellos confirmados a través de videos y pruebas contundentes, de parte de policias municipales, el más reciente, ocurrido en el municipio de Tekax, (ubicado al sur del Estado), contra un ciudadano que fue torturado y dado a conocer en redes sociales.
Fue el propio fiscal general, Ariel Aldecua Kuk quien informó que las carpetas de investigación son por casos que jueces u otros ciudadanos han solicitado investigar más a fondo.
De igual forma, las 40 carpetas de investigación son sobre casos de tortura en Yucatán por parte de policias municipales y también de otro tipo de autoridades.
Por lo que toca al ex policía Miguel Bacab Ku, quien fue golpeado por elementos de la corporación municipal de Tekax a manera de venganza por difundir hechos de tortura en las redes sociales, se encuentra lesionado después de una golpiza que le propinaron sus ex compañeros durante los días que estuvo recluido en el penal.
Su abogado Jacinto Segovia Ruiz dijo que el ex agente fue golpeado y tiene lesiones que no han podido evaluarse porque no cuenta con dinero para practicarse las pruebas médicas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Yucatán ya está investigando el caso y reveló que es necesario revisar cómo se aplica la ley en los municipios del interior del Estado. (Yazmín Rodríguez Galaz)
