El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha sido denunciado por una mujer por presunto acoso sexual y difusión de imágenes privadas, en relación con hechos que habrían ocurrido entre 2013 y 2014, cuando Boric realizaba su práctica profesional en Punta Arenas. La denuncia fue presentada ante las autoridades pertinentes.
El abogado del mandatario emitió un comunicado negando categóricamente las acusaciones, calificándolas de “infundadas”. Según la defensa de Boric, durante el período mencionado, el mandatario habría sido víctima de un acoso sistemático por parte de la denunciante, con quien no habría mantenido ninguna relación personal. Además, el abogado sostuvo que no hubo más comunicaciones entre ambas partes desde mediados de 2014 y que se han entregado pruebas que respaldan la inocencia del presidente.
La Fiscalía ha confirmado que la denuncia está siendo investigada y que el caso es de carácter reservado. Actualmente se están llevando a cabo diversas diligencias para esclarecer los hechos y avanzar en la investigación. Las autoridades señalaron que se está trabajando con un equipo especializado para abordar el caso con la rigurosidad requerida.
El gobierno chileno decidió dar a conocer públicamente la existencia de la denuncia con el objetivo de transparentar la situación y evitar cualquier especulación. Según el Ejecutivo, Boric habría sido víctima de ciberacoso durante los años mencionados, y la denunciante habría tenido antecedentes judiciales en situaciones similares.
La oposición ha cuestionado al gobierno por no haber informado sobre la denuncia antes de las recientes elecciones municipales, sugiriendo que se pudo haber tratado de ocultar información relevante. Sin embargo, el presidente Boric ha manifestado su total disposición para que se realice una investigación justa y exhaustiva, confiando en que los hechos se esclarecerán para demostrar su inocencia.
Este caso se suma a otros desafíos recientes que han afectado al gobierno, incluyendo acusaciones contra otros funcionarios. La situación actual pone de relieve la importancia de abordar de manera transparente las denuncias de acoso en el ámbito político y la necesidad de fortalecer la confianza pública en las instituciones. La resolución de este caso será crucial para la imagen del gobierno y la estabilidad política del país.
