Mérida, Yucatán; 28 de septiembre de 2017 (ACOM).- El presupuesto estatal para el 2018 podría reducirse significativamente ante los ajustes que requiere el gobierno federal para la urgencia nacional de atender la coyuntura por los sismos y huracanes, señaló Gustavo Cisneros Buenfil, presidente del Consejo Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El dirigente empresarial señaló que el techo financiero de Yucatán en 2017, fue de 38 mil millones de pesos y que el siguiente año podría disminuir debido a las necesidades del gobierno federal.
“Los requerimientos de más de 39 mil millones, establecidos en pérdidas por los daños de huracanes y sismos de septiembre podría obligar a ajustar el presupuesto de los estados a la baja”, puntualizó.
Tenemos que entender, dijo, que estamos en un periodo especial, es una coyuntura difícil para el gobierno y va a afectar a los sectores productivos, porque ya de por sí, se había anunciado una reducción de más de 100 mil millones al presupuesto y ahora con esta serie de requerimientos, el gobierno deberá establecer prioridades.
“Quiero pensar que lo más importante es acudir en auxilio de los más necesitados en este momento”, subrayó.
Gustavo Cisneros expuso que la tendencia del gobierno ha sido la de reducir la inversión en infraestructura, “este problema impacta al crecimiento de los estados y del país”.
“En este momento será necesario que el gobierno reduzca de manera real su gasto burocrático, con ello, aplicar medidas a gastos onerosos y sin resultados como ha sido los medios de comunicación que suman unos 9 mil millones de pesos al erario federal y 300 millones al estatal”, opinó.
Es preciso establecer, recalcó, que el gobierno juntará entre el Fondo Nacional de Desastres, el pago de seguros y coberturas generales unos 22 mil millones de pesos; sin embargo el requerimiento para atender a los damnificados supera el orden de los 67 mil millones de pesos y deberá ajustarlos y tomarlos de alguna parte para atender esta demanda.
Cisneros Buenfil expuso que en las condiciones actuales hay que plantearse condiciones reales, “es decir reducir el gasto operativo de los partidos políticos en un año electoral, apretar el cinturón en gastos superfluos y clarificar de manera pormenorizada el ejercicio de los recursos públicos para atender a las personas que están reclamando esta ayuda”.
Un ejemplo de la afectación, dijo, es que podría postergarse la resolución sobre la Zona Económica Especial de Progreso hasta 2018 porque ahora las necesidades son otras.
“Hay que entender que hay muchas personas afectadas por estos desastres, los cuales han dejado sin hogar a miles de familias y es preciso solidarizarse y entender que ellos son más importantes en este momento”, puntualizó.
