Sic Sac
Por: Elda Clemente Reyes
En marzo de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados, para elevar a rango constitucional el derecho de los adultos mayores.
La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de 871 mil 569 millones de pesos para programas sociales, de los cuales, se incrementó 36.6 por ciento, el recurso destinado a la pensión de personas adultas mayores será de 335 mil 500 millones de pesos.
Actualmente 8 millones 267 mil inscritos, cobran la cantidad de 4 mil 800 pesos, 39 por ciento más que en 2022, y se tiene previsto un incremento del 25 por ciento anual, hasta llegar a los 6 mil pesos en 2024.
Aunque el dilema de los críticos de la 4T es que no hay una fuente específica y clara de dónde provienen los recursos, lo cierto es que su objetivo es incuestionable; apoyar a las personas de la tercera edad en sus necesidades básicas.
Traducido al discurso de AMLO: “La entrega de pensiones a adultos mayores no es una dádiva, sino un derecho, una recompensa a quienes han contribuido al desarrollo de México y merecen vivir con un poco de holgura”.
El índice Global de Vigilancia del Envejecimiento, que publica la organización de ayuda HelpAge International, informó que después de Suecia, los países donde mejor calidad de vida tienen los ancianos son Noruega y Japón. Según el estudio México se ubica en el lugar 56 entre los factores negativos se encuentran la economía informal en la que se encuentra la mayoría de ellos.
La pobreza aprieta fuertemente a partir de los 65 años entre los hombres y de los 60 años entre las mujeres. De ahí, la necesidad de trabajar en la implementación de opciones viables y prácticas que ofrezcan alternativas de tipo social, económico, educativo, cultural y sobre todo laboral.
Los mexicanos por desgracia no tenemos la cultura de “ocuparlos”, más allá de los espacios que se les concede para trabajar de “cerillitos”. Muchos piensan que ya no pueden realizar tareas o labores igual que un joven sin darse cuenta que incurre en una discriminación y, los relegan al grado de hacerlos sentir inútiles y deprimidos cuando aún tienen mucho para dar.
Mientras la sociedad no impulse una política pública de forma permanente alineada entre los sistemas DIF Nacional, Estatal y Municipal, y los padres, les inculquen a sus hijos y nietos que los veteranos son los máximos patriarcas de la familia, seguiremos observando los abusos que sufren y peor aún la irresponsabilidad de los familiares.
Por ello, en 2021, el presidente de México, redujo la edad mínima para recibir la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 67 a 65 años, incluyendo pensionados y jubilados, y existen iniciativas que buscan reducir a 60 años la edad mínima para ser beneficiario.
Un acierto, que, sin duda, le permite a nuestros padres, abuelos y bisabuelos, contar cada bimestre con un dinero seguro, gracias a este programa insignia que inició cuando Andrés Manuel López Obrador, fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y desde entonces, disfrutan de atención especial.
Convertido ahora en un derecho universal la pensión es presumida por la Cuarta Transformación, no solo porque atiende una base importante de la sociedad, 12 por ciento de la población total. Aunado al romanticismo que representa al ser una ayuda económica que esperaron por muchos sexenios.
¡Primero los pobres y los abuelitos también!
