En un esfuerzo por frenar el ecocidio costero en la Península de Yucatán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha ratificado a esta región como una de las más prioritarias dentro de su programa nacional de inspección de ecosistemas costeros. Ante la creciente amenaza del urbanismo desmedido y la explotación turística de la zona, la dependencia federal ha desplegado operativos especiales que han logrado detener más de 30 desarrollos inmobiliarios. Estos operativos se enfocan en evitar un daño irreversible a áreas de alta biodiversidad que enfrentan una presión urbana sin precedentes.
La creciente actividad en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, que albergan ecosistemas costeros frágiles, ha sido objeto de una vigilancia intensa por parte de la Profepa. Los operativos se han centrado en detectar obras civiles que operan sin la debida Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y que, por lo tanto, ponen en riesgo los hábitats naturales de la región. Entre las áreas más vulnerables están Holbox, Tulum y la Laguna de Bacalar en Quintana Roo, el corredor Progreso-Telchac y la reserva de Sisal en Yucatán, así como la región de la Laguna de Términos en Campeche.
Uno de los principales objetivos de estas intervenciones es evitar la fragmentación de hábitats que cumplen funciones esenciales como barreras naturales, tales como los humedales, las dunas costeras y las especies de manglar, que están protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT. La Profepa ha señalado que la destrucción de estos ecosistemas no solo amenaza a la fauna y flora local, sino que pone en peligro la estabilidad de las comunidades humanas que dependen de estos recursos naturales.
A lo largo de los operativos realizados entre finales de 2025 y principios de 2026, la Profepa logró la clausura total de más de 30 desarrollos inmobiliarios, siendo la remoción ilegal de vegetación uno de los principales motivos de la intervención. Además, se procedió al aseguramiento de maquinaria pesada utilizada para el desmonte de selva baja y dunas, con el objetivo de restablecer el equilibrio ecológico en la zona. Las sanciones para los responsables de estos actos incluyen severas multas económicas y la obligación de restaurar los ecosistemas degradados.
Alberto Rojas Rueda, subprocurador de Prevención Ambiental de la Profepa, destacó la importancia de la colaboración entre las autoridades federales y la sociedad civil para proteger el patrimonio natural de la región. Según Rojas Rueda, el apoyo de los ciudadanos a través de comités de vigilancia es crucial para monitorear el territorio de manera eficaz, además de que la federación, que cuenta con una fuerza de 500 inspectores, no puede actuar de manera aislada.
El subprocurador también subrayó que la clave para evitar que se construya en lugares inapropiados está en una planificación local adecuada. Según sus palabras, “si un programa de ordenamiento municipal está bien hecho, es poco probable que se permitan construcciones de riesgo ambiental”, lo que pone de manifiesto la importancia de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para asegurar el ordenamiento ecológico territorial en la región.
La lucha por frenar el ecocidio costero en la Península de Yucatán es una responsabilidad compartida entre las autoridades y la sociedad. Si bien los operativos de la Profepa han logrado avances significativos, el desafío de garantizar la conservación a largo plazo de estos ecosistemas sigue siendo enorme. La colaboración activa y el compromiso de todos son fundamentales para preservar la biodiversidad de esta región única del sureste mexicano.
