La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar una apelación de la administración del presidente Donald Trump para determinar si es legal su intento de limitar la ciudadanía automática por nacimiento en el país. Este caso plantea la cuestión de si una orden ejecutiva puede modificar la práctica constitucional vigente desde hace más de un siglo.
La disputa se centra en la orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de 2025 titulada Protecting the Meaning and Value of American Citizenship, que busca restringir la garantía de ciudadanía a quienes nazcan en territorio estadounidense si sus padres no son ciudadanos, ni residentes legales permanentes.
Esta polémica política se ha enfrentado a múltiples desafíos legales. En varias instancias federales, jueces han emitido órdenes que bloquean su aplicación al considerar que contradice la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, la cual otorga ciudadanía a quienes nacen en Estados Unidos y están “sujetos a la jurisdicción” de ese país.
Los fallos de tribunales inferiores han sido apelados por el gobierno federal ante el máximo tribunal, que ahora debe decidir si acepta la interpretación defendida por la Casa Blanca. La administración sostiene que los tribunales han otorgado “el privilegio de la ciudadanía estadounidense sin justificación legal”, mientras que los estados y organizaciones que impugnan la orden afirman que la propuesta es incompatible con más de un siglo de jurisprudencia.
El caso, conocido en algunos expedientes como Trump v. Barbara, forma parte de un conjunto de acciones legales que buscan frenar la orden ejecutiva presidencial. La Corte Suprema aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el fondo del asunto, aunque su decisión tendrá implicaciones directas en millones de familias inmigrantes y en la interpretación constitucional de uno de los derechos más fundamentales del país.
En la historia judicial reciente, la Corte ya abordó casos relacionados con las medidas cautelares emitidas por tribunales inferiores y la adjudicación de poderes al Ejecutivo, aunque en esa ocasión no resolvió directamente la constitucionalidad de la orden ejecutiva.
La decisión que tome el tribunal superior no solo determinará el futuro de la ciudadanía por nacimiento, sino también el alcance del poder presidencial para modificar prácticas arraigadas en la estructura constitucional estadounidense.
