Claroscuro, por: Francisco López Vargas.
El pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró el lunes por unanimidad de 11 votos la inconstitucionalidad de la llamada ‘Ley Bonilla’, la cual ampliaba de 2 a 5 años la gestión de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California.
La Suprema Corte consideró que la reforma que dio origen a dicha ley resulta un “gran fraude” postelectoral y a la Constitución, además de que representa un ilícito atípico maquinado desde el Congreso de Baja California mediante un efecto corruptor que manipuló la Carta Magna y los principios de la democracia.
Los ministros establecieron que la reforma impulsada por el partido Morena en el Congreso de Baja California resultó en un “atropello” a los derechos electorales entre ellos a votar y ser votado, así como a los principios de la democracia en México, principalmente a la no reelección.
El Financiero publicó lo anterior, pero todos los medios hicieron gala en su primera plana esta decisión de la Corte que con ello frenó de plano cualquier intento de modificar legalmente la ampliación de mandatos, como sucedió en Baja California, en lo que muchos vimos como un experimento que tenía como objetivo sondear la viabilidad de ampliar con una decisión del Congreso el gobierno de López Obrador.
El lunes, el Diario Oficial de la Federación publicó que el martes siguiente entraría en vigor una nueva orden para que el Ejército y la Marina regresen a sus labores de control y vigilancia en temas de seguridad pública.
En los días de la presidencia de Enrique Peña Nieto, los simpatizantes de López Obrado, con un cartel como logo, iniciaron una campaña para oponerse a la Ley de Seguridad Interior que le daba certeza jurídica a los militares que apoyaban el combate al crimen organizado.
El martes empezó la militarización que tanto censuraron por orden de quien encabezó la protesta y oposición al plan: López Obrador.
El martes regresaron los militares a las calles en labores de seguridad pública, de hecho en 18 meses del nuevo gobierno, nunca dejaron de estar al frente… Sólo que hoy les dan otras funciones incluso la de detención, investigación y de resguardo de escenas del crimen y les permite que sus actuaciones tengan valor en un juicio penal al darle validez y calidad jurídica a sus actuaciones.
En un decreto que válida y utiliza lo que ni un presidente usó: El Ejército como policía, pero también como constructores, como proveedores y otras nuevas funciones y los más grave involucrarlos en los Bancos del Bienestar para que sólo ellos velen que los recursos clientelares del presidente les llegue sin que haya nadie que lo impida. Ellos protegerán el fraude institucionalizado.
Lo que los exhibe es que, como en los viejos tiempos, la congruencia y la falta de calidad moral en sus decisiones los equiparan no sólo con quienes censuraron por crímenes como Calderón y Peña Nieto sino que exhiben que la Guardia Nacional no sólo estuvo planeada en las rodillas, se decidió en un arranque sin tener previsiones ni proyectos de integración sino que hoy, con ese decreto, no sólo aceptan su fracaso sino que la mantienen y la soportan con el mismo Ejército del que echaron mano para crearla.
La realidad exhibe que esa decisión vale porque las policías no han mejorado, porque tampoco hay un proyecto para reforzar las policías estatales y menos las municipales, cooptadas por el crimen organizado. Una buena pregunta que deja la decisión tomada a partir de ese decreto es para qué será útil la secretaria de Seguridad Ciudadana, de Alfonso Durazo, y dónde queda la promesa de campaña de enviar de regreso a los cuarteles a los militares.
La otra pregunta a partir de la decisión de la Corte sobre la llamada Ley Bonilla es qué va a pasar ahora porque las acusaciones emitidas por los ministros no solo acusan de una corrupción nunca antes vista sino que involucra a personajes con fuero constitucional que no sólo necesitaría someterlos a juicio político para sujetarlos a proceso sino que el grado de complicación estriba en que ellos mismos, los miembros del Congreso, no pueden sesionar para sancionarse a ellos mismos por los delitos que cometieron.
Pero el tema se complica mucho más cuando el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y el director de la aduana de Mexicali, Alejandro Miramontes, fueron acusados por el diputado local priista, presidente del Congreso, Benjamín Gómez Macías, de ofrecerle hasta un millón de dólares y diferentes cargos en el gobierno de Jaime Bonilla si aceptaba modificar los tiempos de esa gestión.
Él debía, por ese dinero, dijo el diputado priista, organizar a un grupo de legisladores estatales para que eliminaran el artículo 8 transitorio de la Ley Electoral del Estadoque que ordenaba, por única ocasión, que el periodo para el siguiente gobernador fuera de dos años.
Todos coludidos en ese atraco a la Constitución: La votación se dio el lunes 8 de julio por la noche; los diputados del PAN, PRI, PRD, PT, CM y Morena, depositaron su voto a favor de la reforma inconstitucional que favorece al morenista. A la par, el saliente gobernador panista, “Kiko” Vega recibió un regalo transexenal, pues uno de sus cercanos, pasó a ser Auditor Superior del estado, Carlos Montejo. Es decir, tres años más para Bonilla y un “cuidador” para Kiko.
Además, en ese entramado de negociaciones salió electo el primer magistrado anticorrupción de Baja California, el abogado Iván José Curiel Villaseñor, cercano a los diputados priistas Bernardo Padilla y Alejandro Arregui.
La historia no termina ahí porque en la toma de posesión de Bonilla, la ex magistrada de la SCJN y secretaria de Gobernación, quiso detener el escándalo pero lo agradó más al decir que esa modificación del Congreso “prevalecería” a pesar de que ya había varias demandas por la violación constitucional.
Así, lo que se espera es que ante las acusaciones de la Corte, al menos todos los implicados sean llamados a declarar y haya un proceso legal en su contra para no dejar como algo sin importancia haber violando la Carta Magna. Veremos si hay proceso, culpables y que éstos paguen por sus delitos, pero también si el propio presidente entiende que los periodos para los que son electos no se alteran aunque el pueblo bueno, en una consulta patito, lo autoricen.
