Especial / La Revista
Por: Yazmín Rodríguez Galaz.
Sin
precedente lo que lograron las diferentes fracciones parlamentarias en el
Congreso del Estado, para alcanzar por unanimidad, temas álgidos y complejos
como lo son la eliminación del fuero constitucional a servidores públicos de
todos los niveles (incluyendo magistrados pero con acotación) y el retiro de
las prensiones vitalicias a los ex gobernadores que tuvieran 60 años de edad.
Ambos
temas, se veían prácticamente como imposibles de ser acordados, dadas las
posturas evidentemente partidistas que los mismos diputados manejan en el seno
cameral. En ese sentido, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del
mismo Poder Legislativo, Celia Rivas Rodríguez, logró sortear buena parte de
los obstáculos.
En
la sesión del Pleno del Congreso del Estado, realizada la semana pasada, los 25
diputados votaron a favor de que se elimine el fuero al gobernador, alcaldes, legisladores
locales y magistrados de Yucatán, como medida -según dijeron- para combatir la
impunidad.
Únicamente,
recordó el priista Henry Sosa Marrufo, se protegerán las sentencias que
emitirán los magistrados y los consejeros de la Judicatura para evitar
presiones al momento de tomar decisiones de impartición de justicia. Es decir,
tendrán un fuero acotado.
En
la sesión, el panista Elías Lixa Abimerhi señaló que con esta reforma se han
dado los primeros pasos para quitarle privilegios a los políticos, pero precisó
que en el futuro se deben implementar mecanismos para evitar “el charolazo y la
inmunidad” de la clase política yucateca.
Por
su parte, el diputado del PRD David Barrera Zavala señaló que la inmunidad y la
impunidad deben dejar de percibirse como sinónimos ante los ojos de la
ciudadanía que no confía en el sistema de justicia. Indicó que era necesario
eliminar el fuero para abolir toda clase de privilegios en el Estado.
Los
25 legisladores votaron a favor de esta propuesta, y como señaló la propia
presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez, se logró tras llegar
a acuerdos y consensos en mesas de trabajo en el pasado periodo de recesos.
El
Ejecutivo
Como
se sabe, hace nueve meses el gobernador Rolando Zapata Bello presentó al Legislativo
local una iniciativa para eliminar el fuero al Ejecutivo estatal, diputados
locales, alcaldes y funcionarios públicos, para que puedan ser procesados en
caso de cometer algún delito.
Sin
embargo, la discusión se demoró, ya que la bancada del PAN también exigió que
ese privilegio desaparezca para los magistrados. Al final, se decidió y se
aprobó que únicamente se les protegiera las sentencias y resoluciones que
tomen.
En
la citada sesión también se aprobó una reforma al Derecho a la Identidad de los
yucatecos, para que las actas de nacimiento, de matrimonio, divorcios y de
defunción no pierdan caducidad.
Los
diputados coincidieron que esta medida apoyará la economía de los ciudadanos,
pues también incluye reducir en un 50 por ciento los costos de estos documentos
que expide el Registro Civil.
En
el Pleno también se discutió la eliminación de la pensión a ex gobernadores y
reducir el financiamiento público a los partidos políticos de Yucatán.
Las
propuestas habían generado conflictos al interior del Congreso del Estado, ya
que los priistas argumentaban que quitarle el fuero a los jueces podría
provocar presiones en la toma de sus decisiones, por lo que era necesario
salvaguardar su independencia.
“Se elimina el fuero a todos, el único punto
que se está cuidando, es que en los delitos de administración de justicia, los
magistrados y consejeros de la Judicatura sí tendrán fuero, sería un fuero muy
acotado, totalmente”, explicó la diputada Rivas Rodríguez.
La
priista indicó que tuvieron muchas reuniones de trabajo durante el periodo de receso, incluso en la madrugada,
discutiendo los pros y contras de ambas propuestas, para encontrar puntos de
coincidencia.
“No
fue fácil, pero dentro del análisis que estamos realizando buscamos una salida.
Se elimina el fuero a todos, pero en el caso de los magistrados se les mantiene
en el rubro de administración de justicia, para que no tengan problemas de
presiones al momento de sus resoluciones”, abundó.
En
la sesión, el legislador del PAN Elías Lixa Abimerhi agregó que acordaron la
desaparición total del fuero en Yucatán, pero se mantendrá la declaración de
procedencia en el caso de los magistrados “exclusivamente para lo que se
desprenda en las sentencias que emitan”.
“Es
decir, el gobernador, alcaldes, diputados y magistrados que cometan cualquier
delito, ya sea robo, fraude, peculado, manejar alcoholizado o lo que sea,
tendrán que enfrentar la justicia sin ningún tipo de cortapisa”, señaló.
Pensiones
a ex gobernadores
Como
parte de los acuerdos legislativos a los que llegaron los diputados locales, se decidió derogar la
ley de pensiones para los ex gobernadores de Yucatán, y recortar 50 por ciento
el financiamiento público a los partidos políticos. Esto, coincidieron, como
parte de las acciones de austeridad “para que las instituciones recuperen la
confianza de la ciudadanía”.
En
la sesión, se informó que los próximos ex mandatarios del Estado, a partir del
que tome protesta en 2018, no contarán con esa prestación.
Pero
se aclaró que como no puede existir efecto retroactivo, ex gobernadores como
Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco, e incluso el actual titular
del Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, podrán solicitarla en su momento, cuando
cumplan 60 años de edad y de no contar con un ingreso fijo.
La
presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Celia Rivas
Rodríguez destacó que se pudo abrogar esa ley, que junto con la propuesta que
también se aprobó este día para eliminar el fuero en Yucatán, tuvo la intención
de acabar con privilegios de los políticos.
Otros
legisladores, como Antonio Homá Serrrano (PRI) y Manuel Díaz Suárez PAN),
coincidieron que era necesario acabar con esa pensión vitalicia porque era una
demanda de la ciudadanía en el contexto actual de crisis económicas
recurrentes.
En
cuanto a la reducción de los recursos públicos a los partidos políticos en
meses y años no electorales, la diputada priista Celia Rivas declaró en Tribuna
que se “materializó el sentir de la mayoría de la sociedad yucateca”, que
coincide que la austeridad debe nacer de la clase política, quienes deben dar
el ejemplo “de apretarse cinturones”.
Indicó
que estas adecuaciones constitucionales responden a disminuir drásticamente el
gasto público en material electoral, privilegiando la austeridad.
Cabe
mencionar que la propuesta original consideraba que a partir de este año se
redujera en 50 por ciento las prerrogativas a los partidos, pero tras los
acuerdos de los diputados, se decidió que ese recorte entre en vigor después de
proceso electoral del 2018.
Se
dio a conocer que el dinero que se
recaude de ese excedente, se destinará al Patronato del Centro de Atención
Integral del Menor en Desamparo (Caimede), y no a proyectos en favor del medio
ambiente, como se había propuesto en un principio.
En
cuanto a la eliminación del fuero al gobernador, alcaldes, diputados y
ministros, se estableció:
“Crea un precedente para quienes administrarán
el Poder Ejecutivo de aquí en adelante, porque ya no tendrán un derecho a
pensión”, declaró.
Cabe
mencionar que la ley actual señala que entre los requisitos para que puedan
adquirir la pensión, está haber cumplido 60 años de edad y no tener una fuente
de ingreso fijo. Aproximadamente pueden recibir 70 mil pesos al mes en pensión.
En
el caso del ex gobernador panista Patricio Patrón Laviada, este año cumpliría
los 60, por lo que, de cubrir los otros requisitos, podría solicitar dicha
prestación.
Por
su parte, la priista Ivonne Ortega Pacheco tiene 44 años de edad, pero como no
puede existir efecto retroactivo tras cambios en las leyes, ella en su momento
podría pedir al Ejecutivo la pensión.
Sin
embargo, existen dudas de lo que pasará con el actual mandatario Rolando Zapata
Bello. Desde su perspectiva, el diputado del PAN Elías Lixa Abimerhi indicó en
entrevista que él no es ex gobernador, “por lo que no tiene derechos
adquiridos, y al desaparecer la mencionada ley
no podrá solicitar pensión cuando cumpla los 60 años”.
Pero
la legisladora Rivas Rodríguez señaló que la propuesta marca que desaparecerán
las pensiones para los siguientes gobernantes de Yucatán, es decir, entraría en
vigor a partir de quien se convierta en titular del Ejecutivo en 2018.
“No
podemos quitar pensiones cuando se tienen derechos adquiridos, no podemos
legislar retroactivamente. El gobernador actual tendría que checar, en su
momento, si cumple con los requisitos”, agregó.
Yucatán
es el séptimo estado en legislar sobre estos temas
Yucatán
y la legislatura local al aprobar los citados cambios constitucionales, se
convirtió en el estado número 7 en tener este tipo de reformas.
Son
temas que la misma sociedad ya repudia porque no están de acuerdo en que los
servidores públicos o políticos tengan más privilegios, afirmó Rivas Rodríguez.
La
actual legislatura local ya enfrentó cuatro temas escabrosos pero todavía
faltarán por analizar reformas en materia electoral que se aplicarían en las
elecciones del 2018.
También
está pendiente lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
sobre los matrimonios entre ambos sexos.
Actualmente
el Código Civil prohíbe este tipo de uniones, porque se estipula que el
matrimonio debe ser el “conformado por un hombre y una mujer”.
Pero
todavía está pendiente el fallo ante el máximo órgano judicial y ante ello es
como se decidirá en la legislatura local lo que habrá que hacer en ese tema.
En
lo que a las reformas o cambios en la ley electoral se refiere, la fracción del
PAN ya tiene una propuesta y los del PRI también y se espera que en las
próximas semanas puedan definirse en qué sentido se aprobarán.
Trascendió
que una de esas propuestas –de parte del PAN- es incorporar los votos de
yucatecos que viven en el extranjero y que hasta ahora no tienen derecho a
sufragar.
