El Gobierno del Estado de Quintana Roo incluyó en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 la figura denominada Contribución de Mejoras para Zonas Prioritarias de Gestión Turística Sustentable, un nuevo esquema de financiamiento destinado a que los propietarios de inmuebles en áreas turísticas estratégicas aporten recursos para obras públicas de infraestructura y mantenimiento de dichos destinos, según información publicada recientemente.
Esta contribución surge como respuesta a la responsabilidad que ahora recae en el estado tras la salida del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que anteriormente atendía el mantenimiento de sitios como la zona hotelera de Cancún y la Marina de Cozumel. De acuerdo con lo señalado, la intención es que “quienes obtengan un beneficio patrimonial por una obra pública contribuyan proporcionalmente a su costo”.
Sin embargo, a pesar de que el concepto ya está incorporado en la Ley de Ingresos, todavía no existen reglas de operación definidas para su aplicación. Expertos y representantes del sector han advertido que aspectos clave, como la delimitación de los polígonos de actuación, los montos a aplicar y la proporcionalidad del pago, deben establecerse con claridad para evitar confusiones o posibles impugnaciones legales.
La gobernadora del estado, Mara Lezama, ha reconocido la necesidad de recursos adicionales para atender requerimientos de infraestructura, mantenimiento de plantas de tratamiento, pavimentación y servicios urbanos en las zonas turísticas que ahora gestionan las autoridades estatales, luego de que estos gastos eran cubiertos por instancias federales.
El presidente del Observatorio Legislativo en la entidad indicó que la autoridad estatal deberá justificar de manera puntual la aplicación de este nuevo cobro ante los potenciales contribuyentes, ya que podrían existir inconformidades por parte de propietarios, quienes ya enfrentan diversas cargas fiscales relacionadas con el turismo.
Asimismo, la iniciativa que plantea este esquema abre la puerta a que el monto recaudado pueda fijarse en cifras superiores más adelante, ya que, en la Ley de Ingresos 2026, este concepto aparece con una recaudación proyectada simbólica de sólo un peso, lo que refleja que “todavía falta mucho por definir”.
Mientras tanto, la falta de reglas de operación para este importante mecanismo de financiamiento ha generado dudas tanto en el sector empresarial como en propietarios de inmuebles, quienes esperan que el Estado detalle con transparencia los criterios que se aplicarán y asegure que los recursos se traduzcan efectivamente en mejoras visibles para los destinos turísticos de Quintana Roo.
