Por Jorge Fernández Menéndez
La próxima semana Gonzalo Rivas recibirá la medalla Belisario Domínguez por el valor cívico demostrado al morir intentando apagar el incendio provocado por estudiantes de la normal de Ayotzinapa en una gasolinería de Chilpancingo, ubicada junto a la Autopista del Sol. El estallido de la gasolinería, con miles de litros de combustible en sus tanques, hubiera provocado una tragedia difícil de cuantificar.
Resultan de una mezquindad insólita los argumentos de quienes se han opuesto a ese reconocimiento. Lo hacen con un solo argumento: reconocer a Gonzalo implica “criminalizar” a los jóvenes de Ayotzinapa. Es desconcertante porque los jóvenes que incendiaron la gasolinería sí son criminales. No fue ningún accidente: como no les habían regalado en esa gasolinería combustible para incendiar carros y hacer barricadas en la Autopista del Sol, cruzaron a la de enfrente, llenaron bidones de gasolina y regresaron a la primera, donde trabajaba Gonzalo, para prenderle fuego: no es especulación, hay videos que lo muestran con claridad.
Quienes dicen defender a los normalistas de Ayotzinapa deberían ser los primeros en exigir que se hiciera justicia. En realidad tendrían que haberlo hecho hace cuatro años, comenzando por denunciar ellos mismos a quienes incendiaron esa gasolinería y ocasionaron la muerte de Gonzalo. En realidad lo que hicieron fue protegerlos.
Como intentan, por todos los medios, ocultar la verdad de lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre del 2014, dos años después de los hechos que acabaron con la vida de Gonzalo. Cada vez que se avanza en la investigación sobre lo sucedido esa noche en Iguala, aparecen Vidulfo Rosales, Felipe de la Cruz y compañía a decir que se está criminalizando a los jóvenes, a las víctimas. Claro que son víctimas: nada puede justificar un crimen de esa naturaleza, pero tiene que tener una explicación, un móvil.
Y el mismo está dado por el enfrentamiento del cártel de los Guerreros Unidos y el de Los Rojos con sus respectivas sociedades políticas, los primeros con las autoridades de Iguala, Cocula y otros municipios, los segundos con su presencia en Morelos, en Chilpancingo y en la propia normal de Ayotzinapa. Por supuesto que la enorme mayoría de los jóvenes que perdieron la vida esa noche no tenía ni idea de ese vínculo: eran casi todos alumnos de primer ingreso, fueron sacados de la escuela para tomar autobuses en Chilpancingo y terminaron en Iguala para reventar un evento de sus rivales políticos y criminales. Fueron llevados al matadero. Esos jóvenes de primer ingreso no sabían a qué iban, pero sus líderes sí.
Si todo el tema Iguala se ha estancado es porque para no “criminalizar” a los jóvenes no se ha querido avanzar en la vertiente del narcotráfico y sus relaciones políticas, que no es lo que justifica (el crimen es injustificable), pero sí explica lo sucedido. Pero eso es lo que se quiere encubrir con el grito de “fue el Estado”.
No se trata de criminalizar a nadie, se trata, simplemente, de que no exista impunidad y cuando se critica que se le otorgue la Belisario Domínguez a
Gonzalo Rivas con el argumento de la criminalización lo que se intenta es conservar una suerte de fuero para grupos que se han cansado de cometer todo tipo de delitos, desde la quema y robo de vehículos hasta asesinatos.
Por cierto, James Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sigue insistiendo en que no hubo incendio en el basurero de Cocula, ignorando todos los estudios realizados por expertos de fuego internacionales y pedidos por el propio grupo de expertos de la Comisión Interamericana. Cavallaro, además, repite otra mentira. Dice que hay fotos satelitales que demuestran que nunca hubo fuego en el basurero de Cocula el 26 de septiembre del 2014, pero resulta que, como se ha demostrado, esos días toda la zona estuvo nublada, lo que impediría a cualquier satélite saber qué ocurría en la superficie. También dice que los testimonios de los sicarios fueron arrancados bajo tortura. Es mentira. Los interrogatorios están filmados y son públicos y resulta evidente que los detenidos no fueron torturados. Se entiende que quiera conservar un negocio que les ha dado ya tres millones de dólares, pero no puede ser a través de tantas mentiras. En todo caso fueron llamados para coadyuvar en una investigación, no para ser una suerte de ministerio público supranacional. Hasta ahora no han aportado un solo dato, sólo han trabajado para tratar de destruir la investigación realizada por las autoridades y defender los intereses de los verdaderos asesinos.
LA CARTA
Yo no sé qué les parece a ustedes, pero el episodio de la carta que envió Javier Duarte para concluir su licencia y regresar a la gubernatura de Veracruz cada día me recuerda más a la carta solicitando licencia que marcó en 1994 la desaparición, hasta el día de hoy, de Manuel Muñoz Rocha, aquel diputado que estuvo detrás del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Algo huele muy mal en toda esta historia.
