Por Jorge Fernández Menéndez
“Para los amigos justicia y gracia, para los enemigos la justicia a secas”, decía Benito Juárez, quizás por eso las dos consejeras propuestas por el Partido Revolucionario Institucional y que son parte de la muy criticada comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela y Beatriz Galindo, fueron tan duras con Rafael Moreno Valle prohibiéndole hablar hasta de sus cualidades personales, sus logros de gobierno, sus aspiraciones y llegando, incluso, a ordenar retirar una entrevista concedida por Moreno Valle de una página de internet y han sido tan indulgentes con otros participantes.
Todos los que de alguna forma son aspirantes al 2018 han dado multitud de entrevistas y ocupado espacios de radio y televisión para promocionarse, incluso, con recursos públicos claramente destinados a otro fin: los spots con cargo al erario que ha emitido Andrés Manuel López Obrador equivalen a 31 días ininterrumpidos y consecutivos de anuncios, sin, por ejemplo, la obligatoriedad que tuvieron todos los candidatos de todos los niveles de Morena de colocar en su publicidad electoral de este año, la imagen de Andrés Manuel en toda su publicidad o la innumerable cantidad de entrevistas y mítines donde el líder de Morena habla de sus legítimas aspiraciones para el 2018.
Si en su caso hubiera justicia a secas tendría que tener fuertes sanciones por actos anticipados de campaña, pero con él hay justicia y gracia, incluso, indulgencias plenarias. Pero lo mismo sucede con todos los demás aspirantes aunque, salvo Ricardo Anaya, ningún otro puede acceder a spots de radio y televisión. Pero allí están desde Margarita Zavala hasta Ivonne Ortega, desde Mancera hasta Castañeda o Ferriz, haciendo su lucha y hablando de sus aspiraciones.
¿Por qué el Instituto Nacional Electoral se ha ensañado con Moreno Valle? Las explicaciones son tan confusas como discrecionales las decisiones: la más extendida es que como él es funcionario público podría estar utilizando recursos públicos para ello. Lo dicen sin pruebas pero si fuera así todos los dirigentes partidarios (en este caso Anaya y López Obrador) usan recursos públicos con ese objetivo. Se dijo, también, que esas entrevistas podrían ser pagadas, sin mostrar una prueba de ello. Si fuera así ¿ninguno de los otros aspirantes sería sospechoso de lo mismo?
Es una suma de barbaridades que demuestra, simplemente, que la actual ley electoral no sirve, resulta inequitativa y, precisamente, por eso es discrecional, no se aplica de acuerdo con lo que saben y tienen comprobado los consejeros, sino con lo que creen o piensan. Es el reino de la posverdad.
Y toda esta discrecionalidad tiene origen en la reforma del 2007, que prohibió a los ciudadanos y organizaciones contratar publicidad, que le regaló a los partidos millones de pesos y de spots que fueron creciendo geométricamente año con año, y que terminó estableciendo regímenes diferenciados sobre quién puede acceder a publicidad y quién no: los presidentes de los partidos pueden hacerlo, los funcionarios quién sabe, los ciudadanos que no son una cosa ni otra, no pueden. Los criterios para televisión y radio son unos, para prensa escrita otros, para redes ninguno. Los partidos tienen derechos, los ciudadanos no.
Con las reformas del 2007 un grupo de intelectuales y periodistas nos amparamos, precisamente, contra este despropósito. El tema llegó, luego de un largo recorrido legal, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La solución es relativamente sencilla, pero afecta demasiados intereses. En principio, los partidos deben recibir mucho menos dinero: este 2017, sólo del ámbito federal, recibirán más de cuatro mil millones de pesos, más cientos de miles de spots gratuitos, prerrogativas de todo tipo, instalaciones y oficinas, recursos legislativos y estatales. Es una afrenta.
Como en otros países los partidos deben recibir una cantidad mínima de recursos federales y nada más. Se deben financiar de sus militantes y de aportaciones privadas. ¿Que es inequitativo? Sí, la política lo es. Los partidos deben vivir de su trabajo, no del fisco. Deben tener una mínima cantidad de anuncios gratis para todos y el resto de la publicidad deben pagarla. Todo ciudadano u organización debe tener derecho a participar, opinar y pagar publicidad política: desde un sindicato hasta un empresario o un grupo de ciudadanos.
Todos debemos tener el mismo derecho de expresar públicamente nuestras opiniones de la misma forma que todo político que aspire a un cargo está en su derecho a hacerlo. ¿Qué es lo que debe hacer, entonces, la autoridad? Cuidar que en eso no se utilicen recursos públicos, y que los recursos que lleguen a candidatos o partidos sean legítimos y transparentes, como en cualquier otra democracia.
Hoy estamos en el peor de los mundos posibles: con una política electoral cara hasta la ofensa, alejada y prohibida para los ciudadanos, por ende inequitativa. Los partidos y los funcionarios electorales olvidan lo principal: ellos son un simple instrumento, no el fin de la democracia.
