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Jorge Fernández Menéndez
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Por Jorge Fernández Menéndez

“Quien no aplique nuevos remedios debe esperar nuevos males, porque el tiempo es el mayor innovador”, decía Sir Francis Bacon. Por eso ante la emergencia que le han impuesto a México terremotos, huracanes, lluvias inclementes, debe haber nuevos remedios, nuevas estrategias. Dejar esa labor al tiempo es la mejor forma de que lleguen nuevos males.
Los daños son enormes: 190 mil viviendas que deben ser reconstruidas (estamos hablando de un millón de personas que se quedaron sin su hogar); mil 300 escuelas con daños, de las cuales unas 400 tendrán que ser vueltas a construir. Sólo en la Ciudad de México, mil 500 edificios en riesgo de derrumbarse, que deben ser evaluados por expertos pero que de todas formas requieren reparaciones mayores. Hay ciudades como Jojutla o Juchitán que deben ser replanteadas en su construcción casi desde cero, comunidades como Paredón o Cintalapa en Chiapas con daños altísimos respecto a su densidad poblacional. Hay daños aún no cuantificados, por ejemplo, en infraestructura, en hospitales, en servicios públicos.
Lo que se necesita es un plan más que de reconstrucción de desarrollo para todas las zonas afectadas atendiendo la particularidad de cada estado y cada región. No es lo mismo reconstruir en la delegación Benito Juárez que en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca o en Tonalá, Chiapas. Ese plan de reconstrucción está comenzando a tomar forma, pero más allá de eso deberá, también, tener expresión presupuestal.
Por lo pronto, para atender la emergencia hay recursos: tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México tienen para iniciar el proceso, pero requieren el respaldo social y el apoyo político. El tema del financiamiento partidario lo demuestra con claridad: hoy, en la emergencia, salvo el PRI, que ha rechazado los recursos que le entrega el INE para lo que queda del 2017, unos 256 millones de pesos, ninguno de los otros partidos ha dado el mismo paso. Propuestas a futuro hay muchas, pero hoy lo menos que se les podría exigir a los partidos es que pusieran esos recursos a disposición de la Tesorería para financiar las tareas urgentes. Si todos lo hicieran habría, de inmediato, unos mil millones de pesos disponibles sólo de esa partida.
Son alternativas falsas decir, como lo ha dicho Alejandra Barrales, que no lo hacen “porque no confían en las autoridades” (cuando en realidad no lo quieren dar porque el PRD está muy endeudado e importa más eso que la emergencia) o sostener que el dinero se lo darán a sus intelectuales para que lo repartan entre la gente, como dice Morena (lo que no sólo sería una forma corporativista y clientelar de atender la crisis, sino también un delito electoral) o proponer una recorte de 60 mil millones de pesos para el futuro, como dice el PAN, sin comprometerse con el presente.
Insistimos, hay muchas propuestas que pueden ser analizadas, pero, por lo pronto, si los partidos quieren recuperar credibilidad para discutirlas y analizarlas, que comiencen renunciando, ya lo ha hecho el PRI, a sus recursos de este trimestre. No es pedir demasiado: este año los partidos tienen unos 4 mil millones de pesos de prerrogativas, sólo las federales, recortar una cuarta parte de ello no los dejará en la quiebra.
De la mano con la reconstrucción se requiere, también, deslindar responsabilidades, saber qué ha sido consecuencia del destino y qué de la negligencia de autoridades o particulares. Hay casos como el colegio Rébsamen que son emblemáticos: el colegio tenía una construcción irregular (desde el primer día uno de los militares que participó en las tareas de rescate me decía que estaba asombrado de lo delgado de las columnas en comparación con lo pesado de las losas, sobre todo las del último piso: ahora sabemos que en buena medida ello se debía a los departamentos, el jacuzzi y el roof garden que los dueños de la escuela construido sobre la última planta), tenía papeles falsos según el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y no fue clausurado porque tenía un amparo desde hace meses en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que nunca fue resuelto. De la muerte de esos 19 niños tiene que haber responsables.
Como los tiene que haber de edificios que llevaban apenas semanas de ser construidos y que se desplomaron o resultaron con daños irreparables. En el boom inmobiliario que ha sufrido la Ciudad de México hay constructores honestos y cumplidores y, también, vivales que han hecho y hacen todo tipo de negocios. Activar demandas colectivas contra los segundos, si no cumplen con sus compromisos, se hayan o no caído sus edificios, es imprescindible, precisamente, para no afrontar la reconstrucción con empresas constructoras incompetentes o fraudulentas.
Eso es en la ciudad, en las zonas rurales y en la mayoría de los estados deben financiarse formas de autoconstrucción atendiendo la principal demanda de la gente: que la reconstrucción vaya de la mano con trabajo. La gente debe tener apoyo para reconstruir sus casas con buenos materiales y proyectos coherentes con su entorno allí donde siempre han vivido.
El desafío es enorme. Tratar de encararlo mirando hacia los comicios del 2018 lo haría inabarcable. O como también diría Bacon: “La ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue”.

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