Narcopolítica: aquel invento de Calderón
Por Jorge Fernández Menéndez
Vamos a recordar un texto que aquí publicamos el 8 de diciembre del 2011. Venían las elecciones del 2012 y el entonces presidente Calderón advirtió sobre el peligro creciente del involucramiento del crimen organizado en los comicios. La mayoría de los actores políticos le pegaron hasta con la cubeta. No faltaron críticas implícitas ni siquiera de Gustavo Madero, para esas fechas, líder del Partido Acción Nacional. Esto es lo que escribimos entonces, en vísperas, como ahora, de un proceso electoral.
“No deja de asombrarme, publicamos en este espacio el 8 de diciembre del 2011, la frivolidad con que muchos de nuestros políticos, de todos los partidos, asumen el desafío del crimen organizado dentro de la propia vida política, en su entorno, en su realidad. Olvidemos por un momento los capítulos fundamentales, más evidentes como el incumplimiento, casi absoluto, de los compromisos contraídos hace más de tres años en aquel consejo de seguridad nacional realizado en Palacio Nacional luego de la muerte del joven Fernando Martí, cuando su padre, Alejandro, les lanzó aquello de que “si no pueden, renuncien”. Han pasado los meses y los años, los compromisos no se han cumplido y ninguno ha renunciado.
“Ahí están, paralizadas en el Congreso, casi todas las reformas en el ámbito de la seguridad, incluyendo la que propusieron los propios partidos a través de sus gobernadores en la Conago. En el inter ha habido dirigentes locales, presidentes municipales, hasta un candidato a gobernador, Rodolfo Torre Cantú, asesinados y no ha pasado nada. Pero ahora que se advierte del peligro, evidente, real, cercano, de la intromisión del narcotráfico en las elecciones, como ha ocurrido en muchos puntos del país y como fue claro que sucedió en Michoacán, la mejor respuesta que muchos de nuestros más prominentes hombres de la política encuentran, es desgarrarse las vestiduras y decir que se trata de una intromisión gubernamental en las elecciones.
“Lo que sucede es que muchos prefieren no ver y piensan, quizás, que de alguna forma se beneficiarán, ya sea por el desgaste del gobierno, por apoyos explícitos o por omisión, de esa ceguera voluntaria. Apenas el miércoles el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, exigía al gobierno federal investigar y poner al descubierto lo sucedido con el narcotráfico en las elecciones de Michoacán. Está bien, pero cuando el mismo gobierno federal detuvo a más de una docena de funcionarios locales relacionados con el narcotráfico en el llamado michoacanazo, dijeron que se estaba interviniendo en la vida política del estado. Todos los detenidos quedaron en libertad… pero había un diputado electo que seguía prófugo: era Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador Leonel Godoy. Desde antes de las elecciones legislativas, el Partido de la Revolución Democrática tuvo información sobre las relaciones de Julio César con Servando Gómez, La Tuta… Lo ignoraron y lo dejaron como candidato. Cuando fue solicitada su orden de captura, para darle fuero, Alejandro Encinas lo tuvo escondido dos días en sus oficinas en San Lázaro. Rindió protesta como diputado y de inmediato se lo incorporó nada menos que a la comisión de justicia. Hasta que las grabaciones de Godoy y La Tuta se difundieron públicamente y fue desaforado. El proceso de desafuero le dio tiempo para huir. Está prófugo”.
“Dicen que la autoridad debe proceder con el narcotráfico en lugar de hacer declaraciones, que es su obligación. En buena medida tienen razón. El problema es que en muchas ocasiones, cuando se procede son esos mismos políticos y dirigentes partidarios los que se oponen. Que se actúe, parecen decir, pero sobre los bueyes de mi compadre. Ahí está el ejemplo de Greg Sánchez, exalcalde de Benito Juárez, donde se ubica Cancún. Como en el caso de Julio César Godoy, la dirigencia del PRD fue advertida de que no lo presentaran como candidato porque había investigaciones sobre las relaciones con el crimen organizado del entonces alcalde. No sólo lo ignoraron y lo hicieron candidato a gobernador, y después fue, también, candidato a senador”.
Hoy, casi cinco años después de aquel texto, las leyes de seguridad siguen estancadas en el Congreso; el asesinato de Rodolfo Torre continúa impune (se equivoca mi amigo Leo Zuckerman, Egidio Torre no es ni debe ser el responsable de investigar el asesinato de su hermano: el caso fue atraído por la PGR y ni en la administración de Calderón ni en la actual ha habido avances en ese crimen de la narcopolítica). Julio César Godoy sigue prófugo y su hermano
Leonel nunca fue interrogado o imputado. Greg Sánchez, estuvo preso, fue liberado, lo volvieron a detener en Argentina, acusado de lavar dinero, lo liberaron y ahora es candidato de Encuentro Social, cercanísimo por cierto a Jaime Rodríguez El Bronco.
No hay problema: en México no hay narcopolítica. Los expulsados candidatos de Tamaulipas pueden dormir tranquilos. También los aspirantes a gobernador en el estado.
