Por Jorge Fernández Menéndez
No hay una campaña contra los jueces, mucho menos contra el Nuevo Sistema de Justicia Penal que entrará en vigor el 18 de junio próximo en todo el país, una reforma que muchos, incluyendo quien esto escribe, hemos impulsado y defendido desde antes de su promulgación hace ya ocho años.
Ocho años que se dieron para la transformación del sistema judicial y que no fueron plenamente utilizados para una preparación eficiente en buena parte de las entidades del país, que perdieron años en comenzar a prepararse para ese cambio monumental. Lo que sí se hizo fue comenzar a sentar precedentes con una serie de decisiones de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, tras una línea calificada como ultragarantista, en un país con un sistema de justicia y de seguridad en transformación, está logrando dejar en libertad a decenas (y serán miles después del 18 de junio) de criminales sobre los que no existe la más mínima presunción de inocencia. Ése es el fondo del problema que se inició con la liberación de Florence Cassez, no porque fuera inocente, sino porque con aquel montaje televisivo en la detención se dijo que se contaminó todo el proceso e ignorando todas las demás pruebas incluyendo los testimonios de las víctimas.
Esa sentencia (que dividió y sigue teniendo dividida a la Suprema Corte) sentó un precedente que han tomado jueces y tribunales (y que sigue sosteniendo la Primera Sala) para, simplemente, desechar cualquier proceso que pueda tener el más mínimo vicio y así dejar en libertad a delincuentes de toda calaña. Existen casos en que, evidentemente, un proceso puede ser completamente contaminado por falsedad de pruebas o declaraciones, pero hay muchos otros donde no existe la más mínima duda de la responsabilidad penal de los detenidos y, sin embargo, se termina aplicando el mismo criterio.
Ya hemos presentado casos de secuestradores que han quedado en libertad (y hasta indemnizados con cifras millonarias) por estos criterios. Estamos hablando de hombres que secuestraron, pero que también mutilaron, violaron, agredieron y en algunos casos asesinaron a sus víctimas, contra los que hay pruebas, testimonios, reconocimiento de las víctimas.
Pero no se trata sólo de secuestradores, con estos mecanismos se están liberando desde líderes del narcotráfico hasta pederastas. Vamos con unos casos poco conocidos. En marzo del 2015, elementos federales detuvieron en Reynosa, Tamaulipas, a Hugo Balderas del Ángel, de 36 años y lo presentaron ante el Ministerio Público especializado en protección a la familia. Este hombre estaba acusado de daños a la moral e incitación a la prostitución. Le fue encontrado al momento de ser detenido un celular con imágenes de abusos sexuales contra menores de edad. Estaba acusado, también, de la violación de un niño de 12 años. Con todos esos elementos un juez en Reynosa decidió dejarlo en libertad porque no veía que hubiera cometido delito alguno. Hace unos días, el 14 de mayo pasado, volvió a ser detenido en la misma ciudad de Reynosa, pero ahora como miembro del Cártel del Golfo. Al momento de la detención portaba una granada de fragmentación y un kilo de droga sintética, de cristal.
Vamos a otro caso. Elementos de la Policía Federal detuvieron en Veracruz a siete integrantes de Los Zetas, entre ellos a José Márquez Balderas, apodado El Chichi, jefe de esa organización criminal en Orizaba y Córdoba, y acusado de asesinatos, extorsiones, robos y distribución de drogas. Fueron detenidos cuando en un punto de revisión federal se recuperaron tres tractocamiones con hidrocarburos sustraídos ilegalmente, uno de los camiones además tenía reporte de robo. Los camiones intentaron ser recuperados por individuos que iban en una camioneta con dos motocicletas de custodia. Fueron bloqueados por los policías y ahí se detuvo a El Chichi y sus cómplices, que iban armados.
Márquez Balderas, El Chichi, fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República e ingresado a Puente Grande, en Jalisco. Pero días después, el juez federal Cuarto de Distrito, decidió que no hubo flagrancia al momento de su detención y determinó su inmediata puesta en libertad. Fue liberado, pero la Policía Federal y la Fiscalía veracruzana presentaron un recurso para que El Chichi enfrentara, efectivamente, un proceso penal y se descubrió que este hombre contaba ya con otras seis órdenes de aprehensión por diversos delitos. Volvió a ser detenido, pero otro juez decidió enviarlo a un penal de mediana seguridad en Amatlán donde hoy enfrenta sólo prisión preventiva y si no se hallan nuevos elementos en su contra, (ya que la acusación relacionada con los camiones de gasolina fue desechada por el juez cuarto) en un año quedará en libertad.
No es una campaña contra los jueces y mucho menos contra el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Es la denuncia de una serie de decisiones erróneas e irracionales que dañan a la sociedad y a las víctimas del delito.
