Organismos empresariales, ejidatarios y propietarios de terrenos en el sur de Quintana Roo han expresado su rechazo a la propuesta para convertir el sistema lagunar Bacalar–Chetumal en un Área Natural Protegida (ANP). Argumentan que esa figura podría limitar el desarrollo local y no resolver los problemas reales de la cuenca.
Durante una conferencia de prensa, representantes de Coparmex, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo, ejidos de la zona y propietarios ribereños se unieron para emitir un documento dirigido a la gobernadora Mara Lezama con su postura contraria.
El presidente de Coparmex, Josué Osmany Palomo, dejó claro que “no se oponen a la conservación ambiental, pero sí a la imposición de una ANP”. Asimismo, manifestó que entregarán un documento a la gobernadora para que se tome en cuenta “la postura de los ejidos y empresarios”.
El presidente del Consejo Comunitario de la Laguna de Bacalar, Roberto Salgado, señaló que ya en el pasado se han opuesto a proyectos similares. “Nos opusimos a esa pretensión y nuevamente nos vemos obligados a reiterar nuestra postura ante un tema que suponíamos superado”, declaró.
Por su parte, el biólogo Hugo Galletti explicó que los verdaderos retos están en la cuenca alta: “el arrastre de sedimentos” y la contaminación de las aguas subterráneas no se solucionan con una declaratoria de ANP.
Entre los señalamientos de los opositores sobresale la crítica a que, en ocasiones, las ANP en Quintana Roo han convivido con vacíos legales y conflictos sociales. Hugo Peña, de la organización Amigos de Xul-Há, advirtió que no se puede permitir que modelos fallidos se repitan en la zona sur del estado.
Para contrarrestar la propuesta de ANP, los grupos promotores del rechazo sugieren la conformación de una mesa de trabajo con autoridades municipales, estatales y federales. Plantean un modelo de autorregulación con metas, plazos e indicadores que ordene y vigile sin frenar el desarrollo local.
Los opositores a la declaratoria enfatizan la necesidad de reconocer el papel activo de las comunidades locales en soluciones ambientales, más que imponer figuras externas que podrían restringir sus derechos sobre la tierra y su actividad económica.
