San Felipe, Yucatán, 14 de julio de 2025
La costa norte de Yucatán, históricamente reconocida por su riqueza natural y atractivo turístico, atraviesa una preocupante crisis institucional. En municipios como Dzemul, Telchac Puerto e incluso Ixil, ciudadanos, empresarios y activistas han denunciado una red de corrupción que opera desde los gobiernos municipales, replicando viejas fórmulas de despojo territorial, clausuras arbitrarias y presión económica, bajo una fachada de legalidad.
Clausuras ilegales en plena temporada turística
Uno de los hechos más alarmantes ocurrió el pasado fin de semana en el kilómetro 27 de la carretera Progreso–Telchac Puerto, donde inspectores del Ayuntamiento de Dzemul clausuraron establecimientos fuera de su jurisdicción. La medida se aplicó sin previo aviso ni sustento legal, en un predio que, según confirmó el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado (INSEJUPY), pertenece al municipio de Progreso. La Secretaría de Seguridad Pública intervino para retirar los sellos y frenar el abuso.
Un patrón que se repite: asesor jurídico en el centro de la polémica
Ariel Omar Herrera Flores, asesor jurídico del Ayuntamiento de Dzemul y también de Telchac Puerto, ha sido señalado como el operador de este esquema que incluye extorsión, cobros indebidos y presiones a empresarios, con la complicidad de los alcaldes José Wilberto “Willy” Flota Aké (Movimiento Ciudadano) y Edmundo Núñez (PRI). Se le acusa de utilizar los vacíos legales para ejecutar actos de autoridad en beneficio de intereses particulares.
Dzemul: antecedentes de irregularidades
El alcalde “Willy” Flota ha sido acusado de gobernar de forma autoritaria y sin transparencia. La Auditoría Superior del Estado le ha observado más de 29 millones de pesos sin comprobar, mientras habitantes lo señalan por condicionar servicios públicos, incrementar impuestos arbitrariamente y facilitar la invasión de tierras ejidales.
Viejos esquemas, nuevos actores
Lo ocurrido evoca el modus operandi de la llamada “mafia inmobiliaria” durante el gobierno de Rolando Zapata Bello, cuando funcionarios del Catastro Estatal, encabezados por Mario Peraza Ramírez, promovieron la apropiación fraudulenta de tierras costeras a través de la creación ficticia de predios del fundo legal. Muchos de esos actores siguen activos y, según denuncias, sus métodos se han reactivado con nuevos rostros y municipios aliados.
Urge acción estatal y federal
Frente al avance de estas prácticas, se exige una respuesta contundente de las autoridades. Las recientes intervenciones han sido positivas, pero insuficientes. Se requiere una estrategia coordinada que incluya auditorías forenses, investigaciones penales, mecanismos de vigilancia ciudadana y sanciones ejemplares. La costa yucateca no puede seguir siendo rehén de redes de corrupción disfrazadas de administraciones locales.
El futuro del territorio está en juego
Más allá del conflicto entre municipios, está en juego la confianza en las instituciones, la seguridad jurídica de miles de ciudadanos y el futuro de una de las zonas más valiosas del estado. El desarrollo sustentable de Yucatán requiere legalidad, transparencia y un alto al abuso del poder.
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Esta nota se basa en denuncias ciudadanas, información pública y documentos oficiales. Cualquier persona aludida tiene derecho de réplica conforme a la legislación vigente.
