Por Carlos Capetillo Campos
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Soy un partidario del sentido común y que su ausencia en la administración pública, hace que los resultados del esfuerzo del gobierno en cualquier nivel y lugar no se aprecien por los ciudadanos a los que están obligados a servir.
Los propósitos anunciados simplemente no se cumplen y tratan de justificar con cantaletas sin sentido.
Por ejemplo: durante el gobierno federal del país, siendo Presidente de México, el licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, señaló que para que el crimen organizado no vulnerara el proceso electoral, el ciudadano vía gobierno subsidiaría con enormes cantidades de dinero a los partidos políticos.
Como consecuencia de eso, los partidos políticos se multiplicaron y hoy nos cuestan miles de millones de pesos y en cada elección nos encontramos que candidatos son financiados por el llamado crimen organizado en cualquiera de sus modalidades y, además, se exhiben sus actos de corrupción en los cargos públicos en los que han actuado.
Y lo peor, no pasa nada.
Los políticos buenos para nada, han encontrado en la formación de partidos políticos una manera de sangrar el erario público.
No se debe aceptar ninguna alianza entre partidos, cuando es claro que solo lo hacen para mantener privilegios y no aportan nada de beneficio social y si los resultados de las elecciones no alcanzan un porcentaje de votos no menor al 60 por ciento de su membresía registrada, simplemente se debe cancelar el registro. Seamos serios. No puede seguir esta burla a la sociedad.
La teoría de que un político desocupado es más peligroso que un delincuente con metralleta ya pasó de moda; la sociedad está harta de los políticos mentirosos y corruptos.
Y en esta etapa caemos en el principal flagelo de la sociedad mexicana que es la impunidad.
Y continuando con la opinión con relación a la administración pública, si se castigara oportunamente los actos de corrupción, pero con toda severidad, todos los funcionarios andarían quizás no eficientemente, pero si honradamente.
Y la ineficiencia también tiene un costo elevado, ya que solo en nuestro país los monopolios de gobierno, además de proporcionar servicios o productos indispensables, pierden dinero y cuando se les reclama que no son rentables, simplemente le suben el precio al consumidor final o sea paga el ciudadano, en lugar de aumentar la productividad, la eficiencia, la innovación.
El sentido común llora cuando se anuncia una simplificación administrativa porque ya sabe que será una complicación administrativa. Mas papeleo, más trámites inútiles, más molestias ciudadanas.
Y después nos preguntamos porque el ciudadano repudia al gobernante que pontifica sobre la honestidad de su gobierno y sus bondades y más pronto que tarde se arman escándalos en torno a él y a su gobierno.
Por eso me siento muy bien cuando amigos que hemos hecho a través de nuestro andar por diferentes estados de la república, nos preguntan qué pasa en Yucatán que no pasa nada.
Que solo se escuchan cosas buenas, que es diferente al resto del país y me encanta darles explicaciones que hacemos gobierno y sociedad juntos para cuidar nuestras tradiciones, para impulsar el desarrollo aprovechando todas las oportunidades, a un dialogo constante del Gobernador con sus gobernados y actuar de acuerdo con el beneficio social.
Y eso creo que simplemente es sentido común.
De nada sirven estudios, planes y lo que se quiera sino hay una conexión entre sociedad y gobierno. Eso es el éxito en nuestro amado Yucatán.
