La Comisión Nacional del Agua (Conagua) defendió recientemente el paquete de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley General de Aguas, con el propósito de frenar el acaparamiento del recurso hídrico en México.
El director general de Conagua, Efraín Morales López, explicó que la legislación vigente desde 1992 permitió que personas con mayor capacidad económica acumulen concesiones, lo que generó desigualdad: muchas comunidades, pequeños y medianos productores no han tenido acceso suficiente al agua.
Morales López señaló: “Queremos regular (…) concesiones que antes eran para uso agrícola y que terminaban en parques industriales, campos de golf o desarrollos inmobiliarios sin control estatal”. Bajo el nuevo esquema, las concesiones no podrán venderse ni transferirse entre particulares; los cambios de uso serán prohibidos cuando se pretendan destinar a actividades distintas a las autorizadas originalmente.
Entre los puntos centrales de la reforma figura la creación de un registro público de concesiones, con el fin de garantizar transparencia; la eliminación del “mercado negro del agua” y del acaparamiento especulativo del recurso; el establecimiento de sanciones más severas contra el “robo de agua”; así como la regulación de sistemas de captación pluvial, cuya proliferación descontrolada ha generado daños ecológicos.
Respecto a las críticas de que la reforma impida heredar o vender propiedades con derecho al agua, Conagua aclaró que “el binomio tierra‑agua permanece intacto”: los títulos de concesión podrán renovarse a nombre de herederos o compradores, manteniendo el mismo volumen, uso y vigencia original.
Finalmente, la institución advirtió que quienes se oponen a la reforma “defienden intereses asociados al acaparamiento del agua durante años”. La propuesta será discutida en los próximos días en el Congreso de la Unión.
