Por: Jorge Valladares Sánchez.*
En Facebook y en Youtube: Dr. Jorge Valladares.
Reforma Electoral
De buenas intenciones…
He
sostenido en diversos espacios que es lamentablemente normal que los temas de
nuestros políticos perennes cada vez estén más distanciados de los asuntos que
normalmente nos interesan como ciudadanía. En parte por ello, hoy dedico
algunas líneas a la posible reforma electoral que flota en la comunicación
pública, pretendiendo que los años que cobré por servir en esa materia ahorren
una lectura a quien se interese en este tema.
En esa distancia influyen al menos tres
elementos. Los intereses de poder, de grupo y económicos que predominan sobre la
voluntad de servir y el sentido ético del cumplimiento de la responsabilidad
supuesta en su nombramiento o siquiera la decencia de desquitar al alto sueldo
que perciben de nosotros/as. Hay excepciones, sí, pero ¿quién conoce alguna? La
vida diaria de nuestra gente tiene prioridades que le impiden dedicar su
tiempo, atender en detalle, comprender suficientemente o evaluar objetivamente
lo que hace todo ese conjunto de personas que en lo local o lo nacional gozan
hoy de los puestos que les dimos a través del voto. Y uniendo a los dos
anteriores un tercer elemento resulta grotesco y común, con toda intención
muchos de los recursos económicos son destinados a un uso tendencioso de la
comunicación para confundir la poca atención que persona a persona podemos
dirigir a estos temas.
Hay quien lo simplifica en decir; “falta
comunicación”, “hay desconfianza ciudadana”, “la gente se deja llevar”, y, de
moda en estos días,: “es necesario cambiar la ley”. Bajo este último argumento,
tras cada elección se aborda el tema de reformas electorales; antes siempre
promovidas por quienes obtuvieron menos votos, con la aspiración de que un
cambio en las reglas mejore sus probabilidades en la siguiente ocasión, y
concedidas desde el nuevo gobierno en el ánimo de que se inhiban quejas sobre
la legalidad de su triunfo. Hoy, en este mundo al revés, la avanzada
aniquiladora de instituciones y reglas se inició desde quienes obtuvieron
triunfos indiscutibles bajo el sistema existente y es respondido por una
oposición que pretende mantener las cosas como estaban o esboza tímidamente
posibilidades de cambio que hubiéramos querido que abanderaran cuando tuvieron
el poder.
La iniciativa de quien hoy empleamos como
Presidente dio pie a este ruido comunicacional y fue respondida con un tropel
de propuestas más y menos amplias por parte de legisladores/as o conjuntos de
ellos/as. Procedo a dar un panorama general de lo que percibo relevante en ese
documento para la ciudadanía.
La historia de nuestras leyes, su
institucionalización y aplicación son una cadena de frustraciones para la gente
que de ellas espera mejoras. Las leyes existentes son poco conocidas,
comúnmente no se traducen en presupuestos, institutos, programas y evaluaciones
que den la base para que sean aplicables y frecuentemente no se aplican, se
aplican mal, discrecional o selectivamente, o cuesta demasiado acceder a su
ejercicio; con lo cual la indefensión, la frustración, la costumbre, la
corrupción, la impunidad y el “se hizo lo que se pudo” son un texto mucho más
conocido que lo que decía o ahora diga cualquier reforma.
Una iniciativa de cambio constitucional,
en un mundo razonable y enfocado en el bien común, debería contener una
puntualización del porqué y para qué es necesario hacer un cambio nacional
(exposición de motivos), una identificación de los datos que avalan cualquier
tipo de evaluación y propuesta para que el pronóstico de mejora sea sensato y
en especial el cambio puntual que se plantea para determinados artículos que al
cambiar su redacción o incluirse/omitirse darán el efecto buscado. Y claro,
debería haber una congruencia entre esos elementos para poder determinar la
bondad del cambio que se propone, caso a caso.
Esta iniciativa de reforma dice que tiene
el objeto de “adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones
políticas que ha vivido México en los últimos años” (no dice cuáles, ni
cuántos); y lo especifica en elementos con los cuales sospecho podría coincidir
prácticamente cualquier mexicano/a. Los comento en breve desde mi óptica de
alguien que suele atender estos temas, pero principalmente se considera
ciudadano activo.
Quisiera
entrar luego al tema de los datos en los que se fundamenta cada propuesta, como
el documento parece hacerlo, sin embargo mi formación científica me lo impide,
ya que en vez de aportar datos comparativos y proyecciones basadas en ellos,
aterrizadas en los impactos colaterales en escenarios relevantes, lo que
podemos leer en el documento es la mención de algunos datos aislados, sin
referencia y presentados con afirmaciones apreciativas de lo que indigna a la
población y lo inédito de las propuestas.
Esto
no es algo que pase sólo en este documento o en esta época, decenas de
iniciativas nacionales y locales que he leído tienen similar condición,
responden habitualmente a la intención de un/a gobernante o conjunto de
legisladores de insertar un cambio que responda a sus necesidades o intereses y
no a una revisión sistemática de lo que se pretende cambiar jurídica, social,
económica, política y culturalmente.
Así
que planteo ese objeto global que indica el documento acotado en sus
aterrizajes a intenciones en los objetivos y artículos que ofrece, para
clarificar no sólo la congruencia, sino la viabilidad o efectos de considerar
implementar la iniciativa y convertirla en reforma, aun sabiendo que la
probabilidad de que eso suceda es mínima en el contexto actual, pero sabiendo
que nuestros políticos perennes nos dan más sorpresas que resultados. Aclaro
que algunos de los objetivos del documento no son tales, son meras acciones,
pero los integro como si todos lo fueran.
1. Ampliar la
representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos.
El
único objetivo que parece coincidir con esto es “Construir un ámbito nacional
en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su
libre participación en la lucha por el poder político”. En el articulado
propuesto no se observa algún cambio que aterrice este objetivo, por lo cual
parece ser sólo una buena intención.
Sería genial. El tema es que no hay en
nuestro país una representatividad ciudadana en el poder, sino de los partidos
políticos; y la iniciativa precisamente se mantiene atendiendo a los temas de
la lucha por el poder entre quienes ya lo tienen. Y veremos adelante que, lejos
de lograr esto, los artículos afianzarían que algunos partidos suban su
capacidad de hacerse de puestos y de que quienes lleguen como legisladores/as
no tengan que responder a su electorado sino a la cúpula de su partido.
2. Insertar el
principio de austeridad republicana en el sistema electoral y de partidos.
El
objetivo que aplica indica: “Conformar un sólo mecanismo electoral nacional con
instituciones administrativa y judicial únicas, bajo el principio de la
austeridad republicana” y también puede ir en el mismo sentido este: “Se
eliminan 200 diputados federales y 32 senadores”; así como el de: “Limitar el
financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña
electoral… y regular las aportaciones de personas a los partidos y el uso de
tales recursos por parte de estos”.
En el primer caso no hay ningún dato que
responda a los planteamientos objetivos que se han hecho reiteradamente en cuanto
a que eliminar a las instituciones estatales lejos de generar un ahorro
incrementará los gastos y estructura de las posibles nuevas instituciones
únicas, ni que éstas, efectivamente, vayan a administrar mejor los recursos; en
especial siendo que entrarían en funciones inmediatamente, con el predecible
caos organizacional. Mientras que en el segundo, ciertamente habrá menos gasto
si hay menos diputados y eso sí se especifica en artículos, como también que
dejarán de ser representantes de quien los elige para serlo solamente de sus
partidos. Y en el tercero también, pero el problema colateral del acceso de
recursos indebidos a las campañas no es realmente atendido en el articulado,
como no lo es en grado suficiente en la legislación vigente.
La austeridad es sin duda una de las
aspiraciones más comunes para la ciudadanía, si pensamos que es algo alcanzable
en ese medio. El problema es que “republicana” se refiere a un concepto no
definido, que corresponde más a un elemento de propaganda del gobierno actual y
cuya pretendida implementación en otros sectores ha sido errática, tendenciosa
y generado problemas adicionales a los ya existentes, en vez de representar
viabilidad para un mejor uso de los recursos en soluciones para la ciudadanía.
3. Facilitar el
ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública.
Ninguno
de los objetivos se refiere a esta intención. Y menos aún los artículos
modificados implicarían cambio en este sentido. Las únicas menciones son
ajustes de términos para refrendar que consultas populares y revocación de
mandato seguirán siendo los únicos mecanismos considerados, ignorando incluso a
otro que ya tenemos federalmente (iniciativa ciudadana) y la veintena de
mecanismos posibles que se han regulado y empezado a implementar en los
estados.
Este es un tema cardinal en mi labor
profesional y sé que hay un desconocimiento generalizado y un uso demagógico de
este concepto a lo largo de toda la política nacional. Se refiere aquí a formas
legalmente establecidas para participar en decisiones acotadas, que existen en
limitada medida en las leyes federales y estatales, que se han usado
mínimamente y en lamentables ocasiones de modo engañoso para la ciudadanía.
Mejorar al menos eso suena genial y acorde a los objetivos de quienes nos
dedicamos al tema, por lo cual es lamentable que en esta iniciativa sólo sea
una mención y no considere que ya desde la ciudadanía se han planteado avances
tan importantes como lo es el Modelo de Ley Integral de Participación Ciudadana
del que he comentado en otros artículos, que amablemente ha compartido La
Revista Peninsular.
Es esta la oportunidad de implementar
mecanismos que efectivamente empoderen a la ciudadanía en lo cotidiano y en lo
relevante. Para ello hay descritos una veintena de mecanismos (no solo de
votación) y que con los recursos presupuestales y su adecuada implementación en
la ley y las instituciones harían un vigoroso motor de la participación
ciudadana y de la adecuada gobernanza democrática.
Hay un objetivo que no cabe en ningún lado
y quizá pueda tener algún sentido aquí: “Garantizar la libertad política para
todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censura”, pero conociendo lo que se ha
hablado al respecto, en realidad parece reflejar el deseo de que quienes ocupan
puestos de funcionarios puedan hacer campaña todo el tiempo y en la forma que
gusten. Sin embargo, en el articulado propuesto esa intención no fue plasmada y
se conservan las restricciones para la propaganda gubernamental en procesos
electorales.
4. Fortalecer a
los órganos administrativo y jurisdiccional en materia electoral salvaguardando
el equilibrio de poder y su imparcialidad en las contiendas electorales.
Hay varios objetivos que se inscriben en
esta intención: “Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad,
respeto al voto, honradez y legalidad”; “Erigir autoridades administrativas y
jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantenga fuera de la lucha por
el poder”; “Elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas
autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, por postulación de
candidaturas a cargo de los poderes de la unión”.
Refiriéndome sólo al INE, que es el
administrativo, ha habido un ataque tan notorio en estos años que queda claro
que fortalecimiento aquí es eufemismo de sustitución, al menos. La mención de
equilibrio del poder e imparcialidad confirma que se está cuestionando uno de
los pocos logros de la democracia mexicana, que ha llevado a las alternancias y
otras débiles señales de fortalecimiento democrático.
La idea de que se elija a quienes
encabecen las instituciones electorales mediante voto universal suena tan
hermoso que encubre que para que haya democracia no sólo se requieren votos en
todo, sino estructura que asegure profesionalismo y especialmente
imparcialidad. Para hacer evidente el sinsentido de esta propuesta imaginemos
que en la colonia eligiéramos a nuestros médicos por votación a partir de las
propuestas que nos den los fabricantes de comida chatarra. En la vida real equivale
a que se hiciera lo mismo para elegir a jueces o a jefes de policía. El sistema
actual es deficiente y permite que quienes tienen el control político influyan
en las decisiones, pero este cambio consolidaría tal estatus, en vez de
disminuirlo. Las propuestas vendrían de quienes tienen el poder y la campaña
que hicieran sólo sería posible con la maquinaria de los partidos políticos o
grupos que controlan los medios y los recursos.
El sistema actual permitió que algunas
personas que no teníamos conexión alguna con los medios políticos e incluso electorales
accediéramos a los cuerpos de gobierno de las instituciones electorales gracias
a nuestra preparación y la valoración de nuestras cualidades para el cargo. Eso
jamás sucedería de implementarse esa propuesta: adiós ciudadanización y
autonomía de las instituciones electorales. El concepto es nuevamente un
eufemismo en el que en realidad se pone en manos del poder actual a
instituciones que hoy tienen alto grado de autonomía.
5. Homologar los
procesos electorales locales y el método de representación.
La intención de homologar suena bien e
incluso los objetivos relacionados mantienen esa potencial buena apreciación: “Elegir
a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las
entidades federativas, con el uso del método de listas postuladas por los
partidos y candidaturas independientes” y “En los estados y municipios los
congresos y los ayuntamientos se regirán por el mismo principio de listas
postuladas”, lo que sólo se aclara en el articulado es la forma en que esto
sucedería y lo que representa.
Hasta hoy, en mis 54 años de vida y mi
docena de votaciones en las que he contribuido a que alguien cobre como
diputado o senador: ¡jamás! he sabido que alguno/a de los flamantes
legisladores que “me representan” hayan hecho un esfuerzo por saber lo que
pienso (pensamos) sobre los temas de los cuales emite votos en el Congreso. Y
tampoco que me haya justificado lo que hizo cuando participó de la aprobación o
rechazo de algo que afecte a mi vida o comunidad. Lo que sí veo, cada vez que
me ocupo de ver, es que prácticamente siempre los votos emitidos en las cámaras
coinciden más con la postura del gobernante o del partido que con la región o
población de la que proceden y para nada con la opinión de las personas a las
que se pretende que representen.
La forma en que el articulado pretende
cambiar la representación acentúa que cada legislador/a se gane su lugar por
estar en el mejor puesto dentro de su partido, que le toque lugar en función de
los votos por partido y que le toquen más lugares a los partidos grandes y
apenas alcancen lugares los pequeños. Es decir, la bondad de anunciar la
reducción de cargos en ambas cámaras, queda minimizada ante el hecho de que lo
que se elimina es la totalidad de representantes directos de los distritos,
para ser reemplazados por cuotas de partidos, al estilo de lo que hoy son los
diputados de representación proporcional, o sea, quienes tienen el control de
las bancadas, sin haber recibido un solo voto por su persona.
De buenas intenciones está empedrado el
camino de la reforma…
*Jorge Valladares Sánchez
Papá,
Ciudadano, Consultor.
Representante
en Yucatán de Nosotrxs.
Coordinador
Nacional de la Red Cívica Mx, A.C.
Doctor
en Ciencias Sociales.
Doctor
en Derechos Humanos.
