La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsa una reforma electoral amplia que pretende transformar el sistema actual con el objetivo declarado de democratizar la representación política y reducir el financiamiento excesivo a partidos. La propuesta ha generado tanto expectativa como debate en la opinión pública.
Se ha constituido la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, dirigida por el economista Pablo Gómez, con la misión de realizar una consulta ciudadana —mediante foros y encuestas— que culminará en enero de 2026 con la presentación de la propuesta final a la Presidencia. Entre los cambios en discusión destacan la eliminación de los diputados plurinominales tal como se conocen, para sustituirlos por los segundos lugares más votados, en busca de una representación minoritaria más transparente.
Otro punto central es la flexibilización de los requisitos para la creación de nuevos partidos políticos, lo que pretende facilitar que ciudadanos o grupos emergentes puedan participar sin la necesidad de acumular firmas, recursos elevados o cumplir con condiciones restrictivas actuales. Esta medida también contempla una reducción del financiamiento público a partidos y la incorporación de primarias obligatorias y voto electrónico para mayor eficiencia y transparencia en el proceso.
No obstante, la iniciativa ha sido objeto de críticas. La oposición y analistas señalan el riesgo de que la reforma esté diseñada para consolidar el poder del oficialismo, especialmente cuando la comisión encargada del proceso está conformada únicamente por funcionarios del Ejecutivo, lo que podría dificultar la construcción de un consenso amplio y plural. También se advierte que los cambios concurrentes en la representación y el financiamiento podrían debilitar el funcionamiento democrático si no se incluyen contrapesos efectivos.
