Quintana Roo ha dado un paso relevante en la lucha contra uno de los delitos más insidiosos: la extorsión. En una decisión histórica, el Congreso del estado aprobó una reforma para combatir este tipo penal con mayores herramientas legales y procesales. Según legisladores locales, este avance representa “una herramienta clave para frenar las prácticas de intimidación y cobro ilícito”.
Esta reforma implicará modificaciones al Código Penal local, incluyendo el artículo 124 Ter y el artículo 163, con el propósito de establecer la persecución de oficio de la extorsión, es decir, que las autoridades puedan investigar y actuar sin necesidad de que una persona denuncie formalmente. En palabras de los impulsores, se busca evitar que los perpetradores se escuden en vacíos legales que les permitan evadir la acción de la justicia.
Uno de los puntos medulares de la reforma es garantizar protección especial para víctimas, ofendidos y testigos, y tipificar agravantes del delito para aumentar las sanciones en casos de comisión en grupo, uso de violencia o coerción sistemática. Con ello se busca no solo castigar, sino disuadir el delito.
Las autoridades estatales han informado que, hasta ahora, aunque la extorsión es un problema presente, las denuncias han sido insuficientes o poco efectivas ante la carencia de potestades legales. En 2023, por ejemplo, se registraron 116 casos ante la Fiscalía General del Estado; en lo que va del año, la cifra va en 27 denuncias. Estas estadísticas refuerzan la necesidad de impulsar mecanismos legales más robustos.
El dictamen aprobado deberá ser ratificado por los congresos estatales para que la reforma tenga efecto pleno en todo el estado. Así, Quintana Roo aspira a convertirse en modelo local de legislación contra el cobro ilícito y la intimidación delictiva, actuando con firmeza al reconocer que “este delito es generalizado y amenaza la paz pública y la economía” del territorio.
Este paso legislativo puede marcar una diferencia real en la vida de quienes viven bajo la constante amenaza de extorsión, y fortalecer la autoridad frente a redes criminales que acostumbran operar con impunidad. Si la reforma se aplica con rigor y seguimiento, podría abrir una nueva etapa en la protección de los ciudadanos y la restauración del estado de derecho.
