El Gobierno de México ha iniciado un despliegue extraordinario de fuerzas federales en el estado de Michoacán con el fin de frenar la creciente ola de violencia ligada al crimen organizado. A través del plan denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se contempló el envío de 1 980 soldados del Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional, quienes llegaron este lunes a la XXI Zona Militar con sede en la ciudad de Morelia.
El comandante de la XXI Zona Militar, el general Juan Bravo Velázquez, informó que este despliegue se inscribe dentro de una estrategia más amplia que contempla la movilización de 10 506 efectivos entre Ejército, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Asimismo, el plan incluye el empleo de cinco helicópteros, 1 031 vehículos terrestres artillados, 18 drones, un sistema aéreo no tripulado y tres vehículos antiminas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el plan el domingo pasado y lo definió como «una estrategia integral» que sostiene «la seguridad con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, la salud, el acceso a vivienda y empleo digno». También se informó que la inversión planeada asciende a 57 mil millones de pesos (equivalente a más de 3 mil millones de dólares) para atender tanto la dimensión de seguridad como la de desarrollo económico y social.
Este despliegue y la estrategia gubernamental se dan en el contexto de una crisis de seguridad en Michoacán, agudizada por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre. La acción delictiva ha sido atribuido a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras aliadas que operan en la región.
El Gobierno federal ha señalado que esta operación prioriza zonas especialmente afectadas como Uruapan y Apatzingán, donde se ha documentado una intensa actividad criminal relacionada con el narcotráfico, la extorsión y los asesinatos. Además de la labor de seguridad, la estrategia incorpora programas de infraestructura, agricultura, turismo, empleo y bienestar social con la finalidad de atacar las causas estructurales de la violencia.
Aunque las autoridades han destacado los primeros resultados –como la detención de cinco personas y el aseguramiento de armas, droga y vehículos en tres municipios– persisten dudas sobre si la iniciativa podrá traducirse en mejoras sostenibles en el terreno. Expertos señalan que enfrentamientos prolongados con el crimen organizado demandan no sólo presencia militar sino también fortalecimiento institucional, prevención social y estrategias de largo plazo.
El reto es enorme: en Michoacán, el dominio de los grupos delictivos ha permeado zonas rurales, municipios y cadenas productivas clave, complicando el reto del Estado para retomar el control efectivo y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la población. La puesta en marcha del Plan Michoacán marca un punto de inflexión en la política federal de seguridad, aunque queda por verse hasta qué punto logrará revertir dinámicas de violencia profundamente arraigadas.
