Editorial La Revista Peninsular.
Especial / La Revista
Todo indica a que las empresas dedicadas a la
distribución y comercio de automóviles recibirán un duro golpe tras el anuncio
del gobierno federal sobre la próxima regularización de autos extranjeros
traídos al país de manera ilegal, también llamados autos chocolate. Miembros
del sector han expresado su inconformidad por esta disposición y han expuesto
los efectos negativos que traería a empresas y consumidores.
Este miércoles, el presidente López Obrador dio a
conocer que el fin de semana firmaría un acuerdo para emprender una campaña de
regularización de autos chocolate en entidades fronterizas, con la intención de
ampliarla a todo el país próximamente. El mandatario explicó que los
propietarios de este tipo de autos podrán acudir a las autoridades y, tras
pagar una cantidad justa, se le otorgarán los permisos necesarios para
demostrar la propiedad del vehículo. Lo recaudado por esta operación se quedará
en los gobiernos estatales y únicamente podrá ser usado para restaurar
carreteras y reparar baches.
Durante la conferencia matutina en la cual anunció la
firma del acuerdo, el presidente compartió dos razones que lo motivaron a tomar
esta decisión. La primera fue que los autos chocolate muchas veces son
utilizados para cometer ilícitos pues la autoridad no tiene registro de los
propietarios. La segunda refirió a que existen familias las cuales no cuentan
con ingresos suficientes para tener automóviles y tienen que recurrir a
adquirir este tipo de vehículos para llevar a sus hijos a escuelas y realizar
otras actividades cotidianas.
Distintas organizaciones y asociaciones de la
Iniciativa Privada levantaron la voz en contra de la campaña de regularización
por las implicaciones que tendrá en el comercio formal. Uno de los
posicionamientos más contundentes fue el de la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores (AMDA) pues, en un comunicado, esta asociación
reprochó que el gobierno federal premie a las mafias dedicadas al contrabando
automotriz y perjudique al comercio automotor formal, el cual genera impuestos
y empleos.
La AMDA también recordó que desde hace meses se había
anunciado la intención de regularizar los autos ilegales, por lo que a finales
de junio buscaron una audiencia con el presidente López Obrador para explicarle
las repercusiones de su propuesta. La asociación señaló que, tras darse a
conocer la intención del gobierno, aumentó considerablemente el ingreso legal e
ilegal de autos extranjeros al país. Lo anterior quiere decir que, lejos de
solucionar el problema de los autos chocolate, se complicó pues ahora hay más e
incluso muchos de estos son vehículos deportivos o de lujo, lo cual rompe con
la justificación social que algunas organizaciones aluden para respaldar la
necesidad de una regularización.
Asimismo, la AMDA puntualizó que la introducción y
comercialización de vehículos estadounidenses sin los permisos aduanales
correspondientes es un delito el cual se ha tratado de perseguir, con poco
éxito, por varios años.
Por último, la asociación mexicana lamentó que esta
disposición disminuirá hasta en un 20% el valor de los automóviles nacionales
del mismo modelo-año por la sobreoferta que se generará, lo cual afectará
directamente el patrimonio de los propietarios. Además, se afectará la cadena
de comercialización pues los propietarios pospondrán el cambio de su vehículo
al darse cuenta que disminuyó su valor.
El posicionamiento de la AMDA no es menor pues esta
organización reúne a 2,500 distribuidores de automotores nuevos que se ubican
en más de 200 ciudades mexicanas. Aún más, la asociación representa 130,000
empleos directos en todo el país y forma parte de la Asociación Latinoamericana
de Distribuidores de Automotores (ALADDA).
Este es un tema por demás interesante debido a las
implicaciones que tiene, no solo en la Iniciativa Privada y el patrimonio de la
ciudadanía, sino también en el actuar del gobierno ya que la autoridad federal
da la espalda a su obligación de procurar el Estado de Derecho y la legalidad
por cumplir otros objetivos específicos.
En este caso, existen dudas sobre si los objetivos que
planteó el gobierno federal justifican el ignorar una de sus funciones
esenciales pues, respecto al primer motivo expuesto por el presidente, es poco
probable que quienes usan autos chocolate para delinquir vayan a participar en
el proceso de registro. Con respecto al segundo motivo señalado, parece
censurable que el gobierno opte por solapar un delito como lo es el contrabando
de automóviles para justificar la adquisición de un bien no esencial pues las
consecuencias afectan negativamente a un sector económico formal que paga
impuestos y genera miles de trabajos.
Si bien, esperamos que esta disposición traiga
beneficios a la población en general, vemos con temor que existe la posibilidad
de fortalecer la cultura de ilegalidad e informalidad que tanto ha
obstaculizado el desarrollo de México. Habrá que estar al pendiente de los
resultados que tenga esta campaña en los estados fronterizos pues, seguramente,
la aplicación de esta medida en el resto del país dependerá de los beneficios o
perjuicios que se observen.
