Un informe internacional de derechos humanos documenta graves violaciones por parte de las autoridades venezolanas y grupos armados afines al gobierno contra manifestantes, opositores políticos y población civil desde las elecciones presidenciales de julio de 2024. El reporte, elaborado tras una investigación exhaustiva con entrevistas, análisis de videos y fotografías, encuentra evidencia creíble de asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas cometidos en los meses posteriores a los comicios.
El documento destaca que el 28 de julio de 2024, a pesar de décadas de represión sistemática, miles de venezolanos acudieron a votar, pero las autoridades electorales anunciaron la reelección del mandatario sin publicar actas de escrutinio oficiales ni realizar auditorías exigidas por la ley. Observadores de Naciones Unidas y del Centro Carter señalaron que el proceso careció de transparencia e integridad.
La investigación atribuye directamente a fuerzas de seguridad del Estado y a grupos armados pro‑gubernamentales, conocidos como “colectivos”, la responsabilidad de múltiples abusos contra quienes expresaron su descontento con los resultados electorales o participaron en protestas. Entre los casos documentados figuran «asesinatos de manifestantes y transeúntes», desapariciones forzadas de opositores y extranjeros, así como detenciones y procesos judiciales arbitrarios contra personas de distintas edades.
La directora de la División de las Américas de la organización que elaboró el informe señaló que “el gobierno venezolano ha asesinado, torturado, detenido y desaparecido a personas que apostaron por la democracia”, lo cual subraya la severidad de los abusos.
Organizaciones de la sociedad civil estiman que miles de personas han sido arrestadas desde las protestas postelectorales bajo cargos amplios como “incitación al odio” o “terrorismo”, delitos que pueden acarrear penas de hasta 30 años de prisión. Muchas detenciones se han producido sin un debido proceso legal, y diversos defensores de derechos humanos permanecen tras las rejas.
La represión ha motivado llamados de organismos internacionales a garantizar justicia y rendición de cuentas. Expertos y defensores de derechos humanos han instado a que las autoridades venezolanas liberen a quienes han sido detenidos arbitrariamente, revelen el paradero de personas desaparecidas y garanticen el respeto a las libertades fundamentales.
Este contexto se enmarca en una crisis política prolongada en Venezuela, donde la persecución de opositores, periodistas y activistas ha deteriorado las instituciones democráticas y generado desplazamientos forzados y un éxodo masivo de ciudadanos en busca de protección internacional.
