La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que 80 niñas y adolescentes fueron rescatadas del albergue privado Casa de las Mercedes tras detectarse irregularidades y posibles actos delictivos en contra de las menores.
De las 80 jóvenes, 47 se encontraban en la sede ubicada en Schultz y 33 en la sede de Berriozábal. Una de las denuncias señala que una adolescente de 17 años interna en el albergue fue obligada a realizar labores domésticas en un domicilio vinculado al albergue y fue agredida sexualmente por un hombre identificado como Aquiles N., quien ya fue detenido.
La funcionaria explicó que la investigación incluye el supuesto traslado de adolescentes a domicilios privados para realizar labores domésticas, lo que se investiga como posible explotación laboral, y el presunto acoso sexual al interior del albergue. La denuncia deriva de supervisiones del DIF CDMX y del comité de vigilancia de las instituciones de asistencia privada, que detectaron irregularidades y realizaron la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La dependencia indicó que los hechos presumiblemente se iniciaron en marzo de 2025, aunque la víctima había sido amenazada por perder la custodia de su hijo si presentaba denuncia formal. Una carta redactada por la adolescente permitió que el caso avanzara hacia la intervención de las autoridades.
El rescate de las menores se ejecutó tras una orden de un juez de control que permitió que la Fiscalía y el DIF cumplieran medidas de protección que incluyen el traslado seguro de las adolescentes, custodia policial de los inmuebles vinculados al albergue, prohibición a los probables responsables de comunicarse con las víctimas, y entrega inmediata de documentos personales de las menores.
Las autoridades informaron que las menores fueron trasladadas a instalaciones del DIF donde reciben atención especializada las 24 horas, tanto en salud física como emocional. Se evaluarán distintas opciones para su reubicación definitiva, garantizando su seguridad e integridad.
El caso se suma a los retos que enfrenta la Ciudad de México para supervisar instituciones de asistencia privada que albergan menores y garantizar que no se presenten abusos, explotación o traslados irregulares. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades, el número exacto de víctimas, así como los mecanismos de control que permitieron los hechos denunciados.
