Por Uuc-kib Espadas Ancona
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La crisis económica que se empieza a gestar, a partir de la pandemia de la COVID-19, ha generado una gran preocupación por las dificultades que diversas empresas, especialmente pequeñas y medianas, tendrán que superar para lograr mantenerse en operación.
No se trata de un asunto menor, pues las PYMES representan el 99.8% de las empresas mexicanas, producen el 42% de la riqueza creada en el país, y generan el 80% de los empleos.
Ante ello, distintas voces de la iniciativa privadas, incluyendo a algunas cámaras y diversas personalidades, han planteado la necesidad de que el Estado colabore económicamente con las empresas para evitar su cierre y la consecuente pérdida de empleos, principalmente a través de la postergación del cobro de impuestos y derechos, y la condonación parcial de pagos de servicios, como la energía eléctrica.
El gobierno federal ha respondido negativamente a esta pretensión, por lo que el panorama no es halagüeño para las empresas más afectadas por la cuarentena.
Desde el desfalco del FOBAPROA y dada la enorme cantidad de recursos públicos que éste consume anualmente desde 1998 (se han pagado ya 700 mil millones de pesos, queda más de un billón por pagar, y este año se desembolsarán alrededor de 50 mil millones) la idea de cubrir quiebras particulares con recursos público está severamente cuestionada.
Con este río de dinero saliendo del erario incesantemente, resulta inadmisible comprometer aún más para levantar negocios que existen con el fin de generar ganancias privadas.
Sin embargo, también es verdad que el Estado no puede permitir el colapso de un volumen tan importante de negocios y dejar que sus trabajadores queden en el desempleo.
Lo cierto es que el dilema no se puede resolver legítimamente como con el FOBAPROA, es decir, regalando dinero público para pagar la deuda privada de un puñado de multimillonarios para que mantuvieran sus bancos funcionando hasta en tanto los vendían a compañías extranjeras sin pagar impuestos por ello.
La única alternativa sensata, me parece, es el rescate selectivo de empresas que sean socialmente necesarias, y no con dinero regalado, sino entregado a cambio de participaciones que el gobierno vendería después de rescatar la empresa en cuestión.
Si se hubiera procedido de esa manera con el rescate bancario, a cambio del dinero público gastado, los mexicanos hubiéramos adquirido la propiedad de los bancos, y así su posterior venta hubiera resarcido, al menos en parte, el costo público de la quiebra de esos negocios privados.
